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Ilustración Telefónica y Pedro SánchezLu Tolstova

Los jugosos negocios de Telefónica en los que quiere entrar el Gobierno

El Estado ha pisado el acelerador en su asalto a Telefónica. La SEPI comunicó la semana pasada que ya posee el 3 % del capital de la compañía y podría gestionar otro 2 % a través de derivados, según Ep. María Jesús Montero ha confirmado además que Hacienda seguirá transfiriendo dinero a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) hasta que pueda comprar el 10 % de Telefónica para, según el propio Gobierno, «proteger los intereses nacionales».

Además, la teleco española tendrá que lidiar en este 2024, año en el que celebra su centenario –el próximo 19 de abril– con el desembarco del grupo saudí STC. Todo ello tras cerrar 2023 con un ERE de 3.640 empleados en plena desactivación de su red de cobre, en la que será pionera a nivel europeo.

Mientras, su presidente, José María Álvarez-Pallete insiste, como reclamó en el reciente foro de Davos, en que se permita competir a la compañía en igualdad de condiciones, sin estar sometida a las obligaciones vinculadas a su liderazgo en el mercado, puesto ahora en cuestión por la compañía resultante de la fusión de Orange y MásMóvil. El nuevo operador será el líder en número de clientes de telefonía móvil (42,7 %); antes de Telefónica (28,1 %). Seguirá Vodafone (22 %) y en cuarto lugar, Digi (5,6 %), según los datos de la CNMC.

El Gobierno justifica el desembarco del Estado en el accionariado para «proteger los intereses nacionales»

Aún así, la compañía seguirá gestionando una enorme base de millones de clientes a los que provee de internet, líneas móviles, telefonía y contenidos audiovisuales a través de Movistar+, con una fuerte presencia además en el mercado hispanoamericano y en países europeos como Alemania.

Movistar+

Unos 10 millones de personas ven la televisión a través de Movistar+, aunque el calculo de abonados a la televisión es de unos tres millones. La plataforma no solo permite ver películas y series, también tiene casi en exclusiva el fútbol nacional, la Champions y un acuerdo con Dazn para que la oferta sea completa.

Al margen de esto, los negocios de Movistar se han ampliado en los últimos años con la alianza firmada en 2019 con Prosegur que tiene como objetivo controlar los hogares conectados mediante su propia red de internet. También hay que sumar el acuerdo con Mapfre para que los clientes que tengan Movistar Car puedan firmar una póliza para su automóvil.

Necogios con Defensa y la i3D

Formar parte de ese Consejo otorgará al Gobierno el acceso a contratos y licitaciones que ha firmado Telefónica con diferentes empresas y organismos en los últimos años.

En junio de 2023, Telefónica se adjudicó por 38,7 millones el acuerdo para la red de telecomunicaciones vía satélite del Ministerio de Defensa. El acuerdo recoge que pondrá en marcha la infraestructura para la implantación de la red de telecomunicaciones vía satélite de la infraestructura integral de información que será gestionada por el Ministerio de Defensa. A eso hay que añadir otros acuerdos para llegar a un cifra de unos 300 millones de euros entre el despliegue de fibra oscura y la puesta en marcha del Centro de Adiestramiento para personal de los Ejércitos y la Armada para operaciones militares en ciberespacio.

Telefónica dejó listos dos acuerdos más co Defensa con 130 millones de euros para ampliar y modernizar la llamada i3D

En enero de 2024, Telefónica dejó listos dos acuerdos más con Defensa con 130 millones de euros para ampliar y modernizar la llamada i3D, la red de comunicaciones e información para altos funcionarios y también Fuerzas Armadas.

La Xunta también es otro cliente importante de Telefónica. En 2023 firmaron acuerdos valorados en 50 millones de euros. Por un lado, la empresa dirigida por Pallete se adjudicó el suministro de 9.000 paneles interactivos para equipar los centros educativos gallegos; se encargará de la ciberseguridad de los sistemas de la Xunta; sistemas de protección antivirus y otros suministros.

Presidencia de la UE

La presidencia española de la UE también benefició a Telefónica que firmó un acuerdo de 5,6 millones de euros para cubrir los servicios de comunicaciones y ciberseguridad de los actos y reuniones que se celebren en estos seis meses.

​Según los pliegos del contrato, el objetivo es «asegurar el correcto desarrollo de las reuniones, en términos de comunicaciones y ciberseguridad, en los diferentes emplazamientos que podrán tratarse tanto de modernos palacios de exposiciones como de edificios históricos».

Telefónica debe garantizar la comunicación y la ciberseguridad en un total de 27 reuniones (tres de ellas consideradas «grandes reuniones») durante la presidencia española de la UE. Deberá prestar servicios de telecomunicaciones, de sistemas o de apoyo, así como equipo y material, entre otros.

Telefónica también gestiona, aunque por poco tiempo más, las pulseras antimaltrato, que se adjudicó en 2009 y que dejará de ofrecer en mayo de este año ante la constante caída en su rentabilidad.

Todo ello hace que Telefónica cumpla esa condición de empresa estratégica que esgrime el Gobierno para justificar el desembarco accionarial del Estado. Los contratos con el Ministerio de Defensa, los datos y la conexión a Internet de millones de españoles están en juego ante el interés de STC. Otro asunto es que todo eso que pretende proteger el Gobierno también puede quedar en sus propias manos de confirmarse la entrada de la SEPI en el Consejo de Administración de Telefónica.