El Gobierno optó por una fórmula «poco ortodoxa» e «irregular» para entrar en Telefónica sin Presupuestos

Finalmente, tras tres meses de especulaciones, se ha destapado la fórmula elegida por el Gobierno para el desembarco del Estado en Telefónica. Los últimos datos de contabilidad de caja y contabilidad mensual, difundidos por la Intervención General del Estado (IGAE) desvelan que Hacienda transfirió 500 millones de euros hasta febrero a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De esta manera, sorteó la falta de unos Presupuestos Generales del Estado, reaprovechando partidas no consumidas del Capítulo 8 del presupuesto de gastos de las cuentas de 2023, prorrogadas de forma automática el pasado 1 de enero. Se trata de una fórmula «poco ortodoxa», según los economistas consultados por El Debate.

«Con unos Presupuestos en vigor, sería una fórmula válida. Sin ellos, no lo parece», destaca José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros. Para Rotellar, también director del Observatorio Económico de la UFV, la operación no es irregular, pero sí duda de su justificación en un momento en el que el Gobierno ha optado por no presentar unos Presupuestos para 2024.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket International Consulting, va un paso más allá y considera que «desde el punto de vista presupuestario y financiero es absolutamente irregular». De haber tenido Presupuestos, la fórmula más convencional hubiera sido aprobar un crédito extraordinario para la SEPI que la dotara de los recursos suficientes, apunta Bernaldo de Quirós, dado que el balance de la sociedad que agrupa las participaciones empresariales del Estado «no es correspondiente con una operación de esta magnitud».

Un 92,2 % más

Prueba de lo excepcional de la maniobra es que la asignación, junto con otra a Adif de 461 millones, ha disparado un 92,2 % las transferencias patrimoniales netas del Estado en lo que va de año. En el mismo período de 2023 estas aportaciones tan solo aumentaron en 40 millones, de los que 30 correspondieron a una inyección al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

En los Presupuestos de 2023, prorrogados automáticamente el pasado 1 de enero, se consignaba una partida de 20.608.622.000 euros para las aportaciones patrimoniales, de los cuales la gran mayoría, 15.000.000, se destinarían al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas y otro millón adicional al Fondo de Financiación de Entidades Locales. Otras aportaciones estaban consignadas para ADIF y ADIF Alta Velocidad, la empresa de suelo público SEPES, Red.es y organismos como las zonas francas de Sevilla, Santander, Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife.

El desembarco de la SEPI mantenía en vilo al mercado después de que el Ejecutivo ordenara al holding público, el pasado 19 de diciembre, adquirir un máximo del 10 % de su capital social para proteger su españolidad y su carácter estratégico ante el desembarco de la saudí STC.

Para Bernaldo de Quirós la maniobra, que «no tiene justificación», sienta además la base para la entrada en otras compañías privadas. «Estamos ante una resurrección del INI (el Instituto Nacional de Industria de la época franquista) por la puerta de atrás». Lo más significativo es que, cuando se consume, junto con la pretensión de la árabe STC de hacerse con hasta el 9,9 % del capital social, «el accionariado mayoritario de Telefónica va a estar en manos del sector público, español y saudí».

Estamos ante una resurrección del INI por la puerta de atrásLorenzo Bernaldo de QuirósPresidente de Freemarket International Consulting

Finalmente la SEPI comunicó la semana pasada que ya posee el 3 % del capital social de la compañía, mientras que, según EP, también controla otro 2 % en derivados financieros, con lo que su participación total rondaría un 5 % que lo equipararía con accionistas de referencia como BBVA y la suma de CaixaBank y Criteria, el holding de la Fundación La Caixa.

La operación habría implicado un desembolso de 700 millones de euros, a un precio de 3,99 euros por acción, frente a los 3,57 euros a los que cerraron el mismo día del anuncio de la operación. Desde el 19 de diciembre y hasta este lunes los títulos de Telefónica se han revalorizado un 14,57 %, encareciendo cualquier nueva compra por parte de la SEPI para llegar al tope máximo del 10 % que fijó el Consejo de Ministros.

A diferencia de STC, que actuó con sigilo durante meses, el Ejecutivo primero anunció la compra y después, meses más tarde, ha empezado a materializarla. «Muchos inversores van a ganar dinero a costa del Estado. El Gobierno ha hecho el primo», consideraba ayer el economista Gonzalo Bernardos en la red social X, al cuestionar que María Jesús Montero considere un éxito la operación por la revalorización de los títulos.