Un trabajador que cobra el sueldo medio pagaría al Estado un 40 % si se llevara las cotizaciones íntegras

En medio de la polémica parlamentaria por la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF ante el aumento de presión fiscal, Antonio Garamendi sugirió que los trabajadores deberían cobrar íntegra las cotizaciones sociales que los empresarios pagan por ellos y transferirlas a la Seguridad Social para que sepan el coste laboral que conlleva su empleo.

Las palabras del presidente de la CEOE sentaron muy mal en el seno del Ejecutivo, que no tardó en responderle. «Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestra por discursos más propios de Milei o Trump», escribió Yolanda Díaz en Twitter.

Lo cierto es que la idea de Garamendi, más allá de su falta de practicidad, tiene su sentido ya que se trata de una rutina que realizan los más de tres millones de autónomos que hay en nuestro país y un buen ejercicio para, como comentaba el presidente de la patronal, saber qué parte del pastel se lleva el Estado por cada trabajador.

Para calcular el coste salarial de un empleado, a su sueldo bruto hay que sumar las contingencias comunes (23,6 % del sueldo bruto), las prestaciones por desempleo (5,5 % que aumenta en los contratos temporales), las contingencias profesionales (varía en función de la actividad, pero unos 3,5 % de referencia), la formación (0,6 %) y el fondo de garantía salarial (0,2 %).

Por ejemplo, para un trabajador que cobre el sueldo mínimo –15.876 euros brutos anuales–, a la empresa le cuesta 21.178,58 euros. Si el empleado los recibiera íntegramente, tendría que pagar por lo mencionado anteriormente algo más de 5.300 euros a los que habría que añadir 1.840,75 que ya paga en concepto de IRPF y Seguridad Social. En definitiva, el Estado percibiría 7.140 euros, un 34 % del coste salarial de una persona que cobra el SMI.

En el caso del sueldo medio, que según los datos de la encuesta de estructura salarial del INE fue de 25.896,82 euros en 2021, el coste total se iría a los 34.546,36 euros, 8.649,54 euros para el Estado que, añadidos a los 5.430 de IRPF y Seguridad Social, hacen 14.080, un 40 % del total.

Si el cálculo lo realizamos sobre los 56.600 euros, tramo a partir del cual se supera la base máxima de cotización, hablamos de un coste total de 75.504,4 euros que, aplicando la diferencia más la suma del IRPF y Seguridad Social, le devengaría al Estado 35.700 euros euros, casi un 48 %. En el caso del doble de esta cantidad, 113.200 euros, el porcentaje ascendería al 53 %.

Hay que puntualizar que el cálculo puede variar en función de cada trabajador en función de su oficio, situación familiar o comunidad de residencia, pero no deja lugar a dudas del importante pellizco que se lleva el Estado por cada trabajador en este país.