España: el peor mercado laboral de Europa

Cuando se analiza el mercado laboral español, conviven dos visiones contrapuestas. Una, la oficial, que destaca los sucesivos máximos históricos que ha alcanzado la afiliación a la Seguridad Social; la otra, que apunta, principalmente, a la caída de la productividad y la adulteración de las cifras de parados (por haber convertido parte de ellos en «fijos discontinuos inactivos»).

Para inclinar la balanza definitivamente en contra de la visión sanchista-leninista, ha aparecido un informe del Instituto Juan de Mariana (IJM; «Las sombras del mercado laboral español»). Una excelente síntesis de los males que aquejan al mercado de trabajo, que confluye en una conclusión: tenemos el peor mercado laboral de Europa, por la sencilla razón de que nuestra tasa de paro es la mayor del continente.

El número de parados verdadero, una vez considerados los colectivos que, por diversas razones, el gobierno cuenta por separado, se acerca a los cuatro millones de personas; alrededor de un 40 % más que los 2,8 millones que son el paro registrado oficial. Así, la tasa de paro real sería cuatro puntos porcentuales más alta: 15,8 % en lugar de 11,8 % oficial.

La contrarreforma laboral impulsada por Yolanda Díaz se propuso reducir la temporalidad. Eso, que debería haberse traducido en una prolongación del tiempo medio de las relaciones laborales, no se ha producido: en 2023, cada asalariado privado llevaba, de media, 5,6 años en su puesto de trabajo, casi un 4 % menos que los 5,9 años de antes de la contrarreforma.

La afiliación a la Seguridad Social viene mostrando un mayor crecimiento del empleo público que del privado. El informe subraya un aspecto normalmente olvidado: el peso que eso implica para los contribuyentes. España gasta en salarios públicos 1,5 % del PIB más que la media de la Eurozona: una carga extra de € 21.000 millones. Si España gastara en empleo público lo mismo que la media de la zona euro, sería posible reducir los impuestos en € 1.200 anuales a cada ocupado del sector privado. Una muestra de la máquina de saquear al sector privado en que se ha convertido el gobierno de España.

Entre 34 países avanzados analizados, España es donde peor evolucionó la productividad: una caída de 4 % entre 2018 y 2023. Una menor productividad significa que es necesario más personal para alcanzar una misma producción. Es decir, implica una subida del coste laboral por unidad producida.

Lejos de contribuir a paliar esa situación, el gobierno la agravó con una subida del salario mínimo del 73 % desde 2016. Algo absolutamente desproporcionado, que pasa por alto los criterios del Estatuto de los Trabajadores para su fijación: la productividad (cae), la inflación (20 % en el mismo período) y el estado general de la economía (la mayor tasa de paro de Europa).

No es demagogia inocua: la alocada subida del salario mínimo evitó la creación de 210.000 empleos que podrían haber sido ocupados por trabajadores con menos experiencia y/o formación. El salario mínimo español, que el informe del IJM muestra que se ha convertido en el segundo más caro de la UE, solo superado por el de Francia, tiene una incidencia más dañina en las provincias donde la remuneración media es más baja. En Ávila, Zamora, Badajoz, Murcia y Alicante, el salario mínimo equivale a más del 75 % del salario promedio. Una proporción inasumible para las pequeñas empresas.

El absentismo (gente que no acude a trabajar) está disparado. En 2023, el 7 % de los asalariados no trabajó, lo que es casi el doble que en 2000 (3,7 %). Si el absentismo retornara a niveles «normales» (en torno al 4 %), la economía ganaría € 44.000 millones entre reducción de costes y aumento de la producción.

Más allá de la necesidad de una reforma laboral integral, el informe cierra con propuestas: bajar las cotizaciones sociales, terminar con los incentivos perversos que provocan las crecientes pagas y ayudas públicas, y aprender de la experiencia de otros países con relación al salario mínimo.

Conscientes del impacto negativo que causa el salario mínimo en los sectores más vulnerables, muchos países tienen fórmulas para minimizarlo. Por caso, en Canadá, Japón y Suiza, el salario mínimo es distinto en cada región. En Reino Unido, Holanda e Irlanda, el salario mínimo es más bajo para los jóvenes, para facilitar su inserción laboral. Por el mismo motivo, en Alemania, dicho mínimo no rige para trabajadores en prácticas ni tampoco se aplica para los parados de larga duración que se reincorporan al empleo.

Es así de triste: solo con copiar lo que otros países hacen bien, podríamos tener menos paro y mayor prosperidad. Nuestro gobierno prefiere guiarse por sus prejuicios ideológicos.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados. @diebarcelo