Los salarios públicos del País Vasco y Navarra disparan el gasto

En mi anterior artículo sobre las comunidades autónomas hablé del déficit que habían obtenido en 2023, y ya comenté que habían alcanzado una cifra histórica en la partida de salarios: por primera vez habían superado los 100.000 millones de euros.

Las comunidades incrementan todos los años esta partida de forma sustancial, y va a ser la que puede llevarse por delante la estructura actual.

Nadie duda de que la Sanidad y la Educación son dos de sus partidas más importantes, pero de eso a tener que seguir creciendo y creciendo y creciendo en recursos, cuando la población está estancada o crece muy poco, parece que hay algo que no suena perfectamente afinado en la orquesta del gasto de las comunidades.

Ya he comentado alguna vez que me parece disparatado que en nuestro país estemos dedicando un 24,1 % del total de los gastos públicos a pagar salarios cuando en Alemania están en un 16 % con una organización administrativa equivalente a la nuestra, pero si miramos sobre el total de los gastos de las comunidades, la sorpresa es tremenda, porque estamos dedicando el 40,5 % del total de los gastos a pagar salarios.

La solución completa no es la digitalización, pero sí puede ayudar de forma sustancial a reducir una parte importante de este gasto. La Comunidad de Madrid lo ha entendido así cuando desde las últimas elecciones ha decidido crear una consejería para la digitalización de la comunidad. Sin duda, si esta consejería hace bien su trabajo, al final de los 4 años debemos de ver resultados claros de mejora de los procesos y de ahorros sustantivos en los gastos correspondientes a la partida de salarios.

Pero que la Comunidad de Madrid sea una isla en el conjunto de las comunidades no va a resolver el problema intrínseco de que el conjunto de las comunidades necesite cada año incrementar de forma sustancial en salarios, mucho más allá de la subida correspondiente a los empleados públicos.

Pero además de estos, a veces, más que innecesarios incrementos de personal, estamos ante una situación completamente intolerable. No puede ser que el coste por habitante en una región sea de 1.677 euros por ciudadano y en otra de 2.918 euros, un 74 % más, lo cual demuestra el gravísimo problema que tiene la falta de control en el gasto entre las diferentes regiones, y no puede ser que sólo 4 regiones estén por debajo de la media, 1 en la medía y 12 por encima.

En nuestro modelo actual, además de fallar muchas cosas, falla la más importante. Nadie es el responsable global del gasto y cada comunidad es libre para decidir en qué y cómo se gasta los recursos.

Para que lo veamos claro he preparado el siguiente cuadro, donde vamos a ver cómo suben los gastos de personal en un año, y cual es el gasto por habitante en cada comunidad.

Como podemos ver, los costes salariales en 2023 han subido un 6 %, cuando la subida pactada para los empleados públicos fue de un 2,5 % más una adaptación del 0,5 % y otra que se aplicará en 2024 de otro 0,5 % por subida del PIB nominal.

Vemos que los incrementos van desde un 2,7 %, que sube el País Vasco, seguido del 4,3 % de Andalucía, el 8,2 % de Navarra y el 8 % de La Rioja.

La región con mayor masa salarial es Andalucía, con 17.581 millones, seguida de Cataluña con 16.756 millones, pero ninguna de las dos es la más costosa por habitante.

Madrid, con 1.677 euros por ciudadano, es la comunidad que menos cuesta, seguida de la Comunidad Valenciana, con 1.922 euros por habitante, y las Baleares, con 1.958 euros.

Por la parte de los que más cuestan están Extremadura, que alcanza casi 1.000 euros más por habitante que Madrid; Navarra, que llega a los 2.842 euros, que supone 1.165 euros más por habitante, y País Vasco, que cuesta 2.918 euros, lo que supone 1.241 más, lo que significa que el País Vasco cuesta un 74 % más que la comunidad madrileña por habitante.

Si hubiese alguien al frente el gasto público y se obligase a que el coste máximo fuese igual a 2.120 euros, que es la media, nuestras comunidades se ahorrarían, nada más y nada menos que, 9.200 millones de euros.