Llegan las reglas fiscales: España tendrá que ajustar el gasto en 9.000 millones al año

Quiero comenzar este artículo expresando mi absoluto apoyo y solidaridad a don Bieito Rubido, director de este periódico centenario, el diario El Debate, ante los ataques e intimidaciones, en forma de amenaza de acciones legales contra él por parte del PSOE. Parece que esto puede ser el inicio de la «limpieza política» y la «regeneración democrática» que anunció Sánchez, que no son otra cosa que un ataque claro a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, en definitiva, a la libertad. Es intolerable.

El último pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de las reglas fiscales para cumplir con el pacto de estabilidad y crecimiento. Tras el período de suspensión de las reglas durante cuatro ejercicios (2020 a 2023, ambos inclusive), ahora retornan a la UE, pues la situación de recuperación de la ortodoxia presupuestaria no puede demorarse más.

De esta manera, se impone, al menos en parte, la tesis de Alemania, Austria y del resto de los países llamados «frugales», que pedían un compromiso de reducción cuantitativo de déficit y deuda, frente a la mayor laxitud que solicitaba, por ejemplo, el gobierno español.

Así, los Estados miembros tendrán que presentar planes de ajuste plurianuales cuando se encuentren en una situación de déficit y deuda excesivos. Dichos planes serán por cuatro años, en los que deberá constar el esfuerzo de reducción de deuda sobre el PIB –en base a la mejora del dato de deuda, o a su menor crecimiento, y al incremento del PIB nominal– para hacer que vaya, de manera constante, hacia los niveles sensatos del pacto de estabilidad y crecimiento. El período de esos planes puede ser de siete años si se considera que los presupuestos acometen inversiones dirigidas a cumplir con objetivos de la UE.

Es obvio que no se podía reducir el porcentaje de deuda sobre PIB a ritmos de reducir un veinteavo al año el exceso de deuda por encima del criterio del pacto de estabilidad debido a que el ajuste a ese ritmo podría provocar un colapso en la economía. Debería haberse evitado antes llegar a esa situación, pero eso ya no se puede remediar, con lo que había que buscar una solución.

Por otra parte, se mantiene el objetivo de déficit máximo en un 3 % del PIB. Esto es una buena noticia, como escribía hace un año en Expansión, pues el saldo presupuestario es el que hace incrementarse la deuda (por déficit) o reducirse (por superávit) en valores absolutos. Al no relajarse el objetivo de déficit al menos se pone freno a un incremento desmedido, siempre que, claro, la Comisión Europea ejerza la vigilancia que debe y aplique las medidas correctoras y sancionadoras necesarias para evitar la desviación.

En el caso de España, va a requerir un ajuste anual de más de medio punto de PIB, cercano a los 9.000 millones de euros al año. Poco es para el ajuste que necesita España, pero, al menos, si la Comisión cumple con su función, tendrá la obligación de ajustar el gasto, que dada la tendencia expansionista del Gobierno parece difícil.

Una cosa es que se hayan relajado en parte los mecanismos de cumplimiento y otra que esa relajación para que sean más creíbles desde los elevadísimos niveles de endeudamiento deriven en una permisibilidad para incumplir. Esto sería un gran error de la Comisión y terminaría por provocar un colapso de endeudamiento, porque se descontrolaría.

Por eso, la Comisión, en esos planes, debe ser muy estricta y, en primer lugar, atajar el gasto. Para que sea creíble una reducción de deuda sobre el PIB aunque sea a un ritmo menor que la veinteava parte del exceso de endeudamiento, no puede haber descuido al respecto, y aunque habría sido deseable obligar a los países incumplidores a que congelasen el gasto público e incluso que lo redujesen limitándolo a lo esencial, paulatinamente, hasta llegar al 60 % de deuda sobre PIB, por lo menos, con estas reglas edulcoradas, que las apliquen bien y eviten desviaciones.

A lo largo de esos planes plurianuales estos países deberían avanzar hacia la consecución de una situación superávit presupuestario que fuese reduciendo deuda en valores absolutos, que ayudaría, en esa segunda fase, al crecimiento del PIB nominal para conseguir alcanzar el objetivo de una deuda por debajo del 60 % del PIB. Esto es difícil que lo veamos, pero sería la senda a seguir que nos libraría de problemas de deuda en el futuro. Habría sido mejor no relajar tanto las reglas, pero, al menos, no es la laxitud que quería el PSOE y, si el control se aplica bien, puede servir para, al menos, impedir un empeoramiento de la situación de endeudamiento.

• José María Rotellar es profesor de Economía. Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria