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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados

Impacto en la inversión

Los empresarios advierten que el Gobierno puede «imponer su voluntad» ante la prórroga de los Presupuestos

El IEE resalta que la extensión automática «supone una evidente limitación» de los poderes de control del Parlamento generando una inseguridad jurídica que a su vez puede debilitar la inversión

La negativa del Gobierno a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024, anunciada por Pedro Sánchez inmediatamente después de la convocatoria electoral en Cataluña, supone un riesgo para la seguridad jurídica y sitúa al Gobierno en situación de «imponer su voluntad» a un Parlamento con el que no cuenta con los apoyos suficientes, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

La prórroga presupuestaria, abunda el informe La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, «supone una evidente limitación de los poderes de control del Parlamento, puesto que permite que el Gobierno siga ejecutando su política (...) junto con el derecho de veto sobre cualquier iniciativa parlamentaria en materia de gasto público o de disminución de ingresos».

«Otorga un claro privilegio al gobierno frente al parlamento respecto a los asuntos presupuestarios», defiende Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de derecho financiero y tributario de la Universidad Complutense. Martínez Lago ha colaborado en la elaboración del documento junto a Santiago Lago Peñas, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Vigo. En esta situación, abunda, «una de las partes –el Gobierno– se impone a la otra –las cámaras parlamentarias–, lo que limita el ejercicio de las competencias sobre política económica y presupuestaria de los diputados». Un punto, este último, que queda establecido por el artículo 134 de la Constitución.

El IEE cuestiona que la prórroga presupuestaria obedezca a «motivos políticos»

Mientras se mantenga la prórroga presupuestaria, dicen desde el IEE, el Gobierno puede remitir proyectos de ley que impliquen un aumento de gastos o disminución de ingresos, mientras que las propuestas del Parlamento para enmendarlas y hacer sus propias proposiciones «están sometidos al veto del Gobierno», destaca el documento del IEE. Todo ello, según el documento, elaborado por el servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), «por motivos políticos», dada la dificultad de alcanzar acuerdos por la fragmentación parlamentaria y la convocatoria de los comicios en Cataluña.

«Los mercados y los inversores quieren certidumbre», apunta el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa. «La certidumbre da seguridad y estabilidad y hace que las inversiones se produzcan. Unos presupuestos prorrogados no contribuyen a crear certidumbre». La situación, advierte el IEE, pone en riesgo la la inversión y la creación de empleo. Ambos factores, dicen desde el IEE, «necesitan estabilidad de las normas y seguridad jurídica».

Como ya publicó El Debate, la inversión extranjera se hundió un 18,5 % en 2023 y acumula un retroceso del 50 % desde 2018, según datos de la secretaría de Estado de Comercio. No obstante, en el primer trimestre de 2024 repuntó un 2,6 %, su mayor incremento desde el primer trimestre de 2023, según el avance de datos de Contabilidad Nacional, con incrementos en vivienda (3 %) pero también en maquinaria y bienes de equipo (4,3 %).

Hasta 20.000 millones para aventuras empresariales

Que el Gobierno no tiene las manos atadas lo demuestra que ha continuado con su entrada en el capital social de Telefónica. El Gobierno encontró la solución en el capítulo 8 de gastos, con una dotación de 30.000 millones de euros, de los cuales 20.600 corresponden a aportaciones patrimoniales, de los cuales unos 2.200 se destinarán al desembarco en en la operadora. Una cuantía suficiente para que el Ejecutivo pueda abordar otras aventuras empresariales, a costa, eso sí, de detraer esos recursos a comunidades y administraciones locales, para las que estaban presupuestados inicialmente.

Los empresarios temen además que una de las consecuencias acabe siendo el abuso del decreto ley, una «mala técnica legislativa» que ya supuso, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional tumbara la reforma del impuesto de Sociedades de Cristóbal Montoro, abocando a Hacienda a devoluciones millonarias a las grandes empresas. Unas devoluciones que, según las últimas estimaciones, podrían rondar finalmente los mil millones de euros.

Sin impacto en el déficit... por ahora

No es de esperar, dada la evolución del ciclo económico, que la situación cause una escalada del déficit público. El alza del crecimiento y la inflación compensará en gran medida, el incremento del gasto en 35.400 millones que se espera para este año, con lo que el déficit público se quedaría en el 3,3 %, por debajo del 3,6 % de 2023 aunque ligeramente por encima de la previsión del Ejecutivo (3 %). También están aseguradas las entregas a cuenta a las autonomías, que según Hacienda se actualizarán con las previsiones de recaudación del año, en torno a un 8,3 %, lo que debería articularse mediante una enmienda al decreto ley de medidas por la guerra de Ucrania.

Ahora bien, los expertos resaltan además que la parálisis presupuestaria amenaza «el necesario plan de consolidación fiscal», que han reclamado tanto el Banco de España como la AIReF o el FMI, lo que dificulta alcanzar un escenario de equilibrio a medio y largo plazo.

«Estamos retrasando un escenario de consolidación fiscal al no acometer las medidas presupuestarias que serían necesarias al comienzo de la legislatura», constata Gregorio Izquierdo, director general del IEE. «Una prórroga presupuestaria a principios de la legislatura es una oportunidad perdida», añade, «y reduce las posibilidades de que esta consolidación se produzca porque su impacto será menor según avance la legislatura».

Para el think tank de la patronal, la no presentación de las cuentas «transmite sensación de estar al albur de los movimientos tácticos»

Para el think tank de la patronal, la no presentación de las cuentas «transmite una cierta sensación de debilidad y de estar al albur de los movimientos tácticos», además de obligar al Ejecutivo a desgastarse mientras pospone reformas de calado como la tributaria, la del sistema de financiación autonómica, la del empleo público o la de la Administración. «Podemos vivir sin Presupuestos, pero no será gratis», concluyen los investigadores.