Pere Aragonès y Carles Puigdemont
Cataluña pasa de ser la «locomotora» del país a crecer por debajo de la media
Las políticas intervencionistas y el proceso de secesión que ha aumentado la inseguridad jurídica ha provocado un impacto negativo en la economía de la región
El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un demoledor informe sobre el declive económico de Cataluña a lo largo de los últimos años que ha acabado provocando un sorpasso de Madrid, que ya es la comunidad que más aporta al PIB nacional a pesar de la diferencia poblacional.
Si bien en los años ochenta y noventa, Cataluña superaba ampliamente a Madrid en peso sobre el PIB del país, a partir del nuevo siglo la tendencia comienza a invertirse hasta confirmar el adelantamiento de la comunidad que actualmente presiden Isabel Díaz Ayuso, que supera a la región catalana en 7.500 millones de euros, al tiempo que la diferencia de renta per cápita se ha ampliado.
Según los autores del informe, este contraste se ha producido por la política económica y la inseguridad jurídica asociada al proceso independentista que llevó a la Generalitat a anunciar una declaración unilateral de independencia en octubre de 2017.
El Ranking de Liberalización Regional de 2021 situó a Cataluña un 25 % por debajo de Madrid, brecha que el Índice de Libertad Económica de 2023 aumentó al 30 %, lo que demuestra que «Madrid liberaliza su economía y crece más, mientras que Cataluña aumenta sus niveles de intervencionismo y obtiene peores resultados».
Además, los datos de crecimiento reflejan que, mientras que el PIB madrileño ha crecido entre 2017 y 2023 un 11 %, el catalán lo ha hecho un 7,2 %, por debajo de la media española situada en el 7,8 %. «Si antes era una locomotora que tiraba de la economía nacional, hoy Cataluña figura por debajo del crecimiento medio», agrega el estudio.
También se resiente la entrada de capital extranjero. En 2023, Cataluña recibió el 16,4 % de la inversión frente al 54,3 % de Madrid, consecuencia «de una mala política económica combinada con la inseguridad jurídica que provocó el 1-O, puesto que las cifras observadas hasta 2016 eran mejores».
Respecto a la salida de empresas, los datos del Registro Mercantil apuntan a que más de 8.700 compañías catalanas cambiaron su sede social tras la declaración de independencia, incluyendo gigantes como CaixaBank, Banco Sabadell, Catalana Occidente o Colonial; así como filiales internacionales.
La política fiscal tampoco ayuda en gran medida por los 15 tributos propios –el triple que la media del resto de comunidades– y unos tramos de IRPF de los más altos de toda España tanto en rentas altas como bajas.
Preocupante endudamiento
Tanto en términos de deuda absoluta como per cápita, Cataluña sufre un grave problema de endeudamiento. Los pasivos de la Generalitat se sitúan en el 31,1 %, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (41 %) y Castilla-La Mancha (31,5 %). Además, en solo quince años, la diferencia respecto a la Comunidad de Madrid ha pasado de menos de 10.000 millones a 50.000 millones, la mayor parte financiada por el Estado a través del FLA.
El Instituto recuerda que, si se analizan los niveles de ejecución el sector público empresarial entre 2017 y 2022, los presupuestos para inversiones han crecido de 890 a 1.933 millones de euros, pero la ejecución ha caído de un 74,9 % al 35,8 %.
Los autores del informe advierte que las elecciones autonómicas del 12 de mayo «no van a revertir el declive económico de Cataluña» si no precipitan un cambio en la política económica e institucional.
«En la medida en que se siga exacerbando la pérdida de libertad económica y el incremento de la inseguridad jurídica, los resultados seguirán reflejando un desempeño cada vez más decepcionante. El proceso que más debe preocupar a los catalanes si desean mejorar su nivel de vida es uno basado en recuperar el terreno que Cataluña ha perdido en los ámbitos de la liberalización económica y la seguridad jurídica», concluyen.