Temor entre los expertos a que Sánchez acceda a trocear la Agencia Tributaria tras la victoria de Illa

Los expertos temen que Pedro Sánchez decida acceder a uno de los grandes anhelos de los secesionistas catalanes: la partición de la Agencia Tributaria. El troceo del fisco supondría una gran traba para luchar contra el fraude fiscal y un gran golpe para la eficiencia del sistema tributario, consideran.

El nacimiento de una agencia tributaria catalana es una propuesta implícita en la exigencia de ERC y Junts de que Cataluña gestione el 100 % de los tributos recaudados en su territorio. Salvador Illa, flamante ganador de las elecciones catalanas, ha abogado en esta línea por crear un «consorcio tributario» para Cataluña, algo que, según defendió en una entrevista en La Vanguardia, «ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional».

De suceder, otras regiones requerirían el mismo tratamiento, lo que podría desembocar en el nacimiento de 15 entes independientes. Algo que, según ponen de manifiesto tanto desde el Consejo de Economistas de España (CGE) como desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) no sería bueno en términos de eficiencia.

«Si partimos la Agencia Tributaria habrá mucho más fraude y será mucho más caro luchar contra él», valora Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, que no dudó en calificar una hipotética partición de «auténtico disparate», durante un coloquio con medios de comunicación. También los Inspectores de Hacienda, agrupados en la asociación IHE, han advertido en varias ocasiones sobre un posible troceo, que complicaría además combatir contra unos delitos tributarios que cada vez son más complejos y globales.

«Quizá el consorcio seria una solución para satisfacer necesidades de mayor autonomía en un territorio que no se dan en otros. Otra cosa sería conocer cómo sería la letra pequeña», según José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB). «No se debería optar por fraccionar. Si se hace otras comunidades autónomas también lo querrían», apunta.

Ángel de la Fuente aboga por otra opción para dar una mayor participación a las autonomías que así lo requieran en la gestión tributaria. «Lo ideal sería una administración tributaria única pero realmente compartida», considera. «Propongo ir hacia una administración tributaria única compartida y no 15 consorcios regionales», abunda. «es decir, un único consorcio con 16 socios -incluyendo al Estado- o más si pudiéramos incluir a las forales».

Una obsesión desde el Estatut

La primera redacción del Estatuto catalán de autonomía de 2006, modificada posteriormente por el Congreso de los Diputados y tumbado posteriormente de forma por el Constitucional, abogaba por adjudicar a la Generalitat la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña. Y establecía la creación de una Agencia Tributaria, gestionada por la Generalitat, que asumiera tanto los tributos propios como los totalmente cedidos.

La Generalitat creó en 2007 la Agencia Tributaria de Cataluña con vistas a asumir en el futuro todos los tributos

Al Estado le corresponderían la gestión de los tributos cedidos parcialmente, con la opción delegar funciones en la Generalitat y el establecimiento de una colaboración, cuando así lo exija la naturaleza del tributo. Para desarrollar estas previsiones, está prevista la constitución de un consorcio o ente equivalente con participación paritaria de la AEAT y la Agencia Tributaria de Cataluña. Un organismo que de hecho se creó en 2007, ya con vistas a convertirse en la única administración tributaria de la región.

A entender de los inspectores de hacienda, no obstante, «ni siquiera el Estatut llegó a amparar la cesión del 100 % de los impuestos a Cataluña». En un reciente documento, desde IHE recordaban que la Constitución, en su artículo 157, establece que las comunidades autónomas «no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios».

Según la Agencia Tributaria, la ley del sistema de financiación de las comunidades autónomas de 2009 «consagra, como principio esencial, la colaboración entre las Administraciones tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas». En particular, el fomento y desarrollo de intercambios de información y la planificación coordinada de las actuaciones de control sobre los mismos, como recuerda el fisco la última actualización de su plan estratégico. La agencia «está potenciando los intercambios recíprocos de información con trascendencia tributaria con la finalidad de aumentar la eficacia de la gestión, mejorar la asistencia a los contribuyentes reduciendo las cargas 16 administrativas que pesan sobre los mismos y, especialmente, intensificar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida».