Antonio Garamendi charla con Pedro Sánchez durante la propuesta estratégica de la Presidencia española de la UE
Boicot del Gobierno para arrinconar a la CEOE en el diálogo social
El Ejecutivo da tres meses al Consejo Económico y Social para que incorpore a las patronales autonómicas
El Gobierno está decidido a reducir el poder de la CEOE en el diálogo social. Aprovechando la aprobación del subsidio de desempleo, el Ejecutivo ha incluido una disposición para que el Pleno del Consejo Económico y Social (CES), máximo órgano consultivo en materia laboral, modifique su reglamento interno para incluir a las patronales autonómicas en detrimento de la organización que preside Antonio Garamendi y Cepyme.
El CES es un ente de derecho público de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo encargado de emitir dictámenes sobre legislación relativa a materia socioeconómica y laboral. Cuenta con 61 miembros divididos en tres grupos en donde se reparten representantes de sindicatos, patronal, organizaciones agrarias y otros, bajo la presidencia del economista gallego Antón Costas, cercano a Sánchez y columnista ocasional de El País.
En el primer grupo están representados UGT, CCOO, CIG y ELA, mientras que en el segundo se encuentra CEOE y Cepyme. El tercero es una amalgama de asociaciones entre las que se encuentra ASAJA, COAG, OCU o expertos nombrados a dedo por el Ejecutivo. Es precisamente en el conjunto que aglutina a la patronal donde el Gobierno ha introducido dicha disposición.
«Los miembros del Consejo representantes del Grupo Segundo serán designados por las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas con arreglo a la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en proporción a su representatividad. En todo caso estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma», señala el texto publicado este miércoles en el BOE.
Con esta medida, el Gobierno pretende reducir el número de consejeros de CEOE y Cepyme en este órgano consultivo para dar entrada a patronales autonómicas como la Pimec –cercana al independentismo catalán– como castigo a la negativa de estas organizaciones a participar en los acuerdos suscritos por Yolanda Díaz y sindicatos, calificadas de «monólogo social» por el propio Garamendi.
La vicepresidenta ha intentado involucrar a la patronal en un intento de legitimar medidas que, en la mayor parte de los casos, se han impuesto a las organizaciones empresariales sin margen de maniobra. Este martes, sin ir más lejos, Díaz aprovechó para agradecer las contribuciones de la CEOE a la reforma del subsidio de desempleo –concretamente al caso de víctimas de violencia machista y la compatibilidad de la prestación pública con rentas del trabajo– a pesar de que esta organización se negó a suscribir el acuerdo, como recordaría poco después CCOO.
Pimec está integrada en Conpymes, una asociación que fue promocionada en su momento por Begoña Gómez
Este intento de debilitamiento de las patronales nacionales ya se vio hace unos meses cuando el Gobierno forzó la incorporación de Pimec a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), otro órgano consultivo en el que CEOE y Cepyme mantenían la única representación patronal.
Lo paradójico es que la organización que preside Antoni Cañete está integrada en Conpymes, una asociación que fue promocionada en su momento por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
«Chantaje» a la patronal
En cualquier caso, al Ejecutivo en general y a Yolanda Díaz en particular le viene bien ampliar la mesa social con patronales afines que limpien la imagen autocrática ofrecida por el Ministerio durante las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada laboral o la reciente reforma del subsidio de desempleo.
Durante la negociación del SMI durante el pasado mes de enero, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, amenazó a la patronal con una subida «más ambiciosa» si no se plegaban al 4 % acordado entre el Ministerio y los sindicatos, una bravata que Garamendi tildó de «chantaje». El incremento, por cierto, fue del 5 %.
La CEOE, lejos de partir peras con el Gobierno, sigue dispuesta a sentarse a negociar, aunque le resulta «incomprensible» la actitud del Ejecutivo de querer «romper el diálogo social» al forzar la entrada en las mesas «a actores afines a sus intereses».
