El PSOE retira la ley del suelo para evitar su segunda gran derrota parlamentaria en tres días

El segundo intento para la reforma de la ley del suelo no va a llegar al Congreso. El Gobierno ha comunicado a la cámara la retirada de la votación, después de que Podemos, Junts y ERC hubieran presentado enmiendas a la totalidad. También lo cuestionaba Sumar, que llegó a afirmar que abre la puerta al «pelotazo urbanístico». Su portavoz, Íñigo Errejón, anunció que iban a apoyar dichas enmiendas, en lo que iba a ser su primer voto en contra de una ley surgida del Gobierno del que forma parte. Iba a ser el segundo gran revolcón parlamentario del PSOE en tres días tras el «no» a la propuesta de ley para castigar el proxenetismo.

Aprobada por el Consejo de Ministros en 2022, decayó por el avance electoral de julio de 2023. Tras volver a aprobarse en marzo, tenía previsto al Congreso de los Diputados con el rechazo de los socios del Gobierno. Todos los ojos miraban, por tanto, al PP, que en las últimas semanas había cuestionado la reforma. Fuentes populares, por su parte, trasladaron ayer a El Debate que la posición definitiva del partido se iba a fijar a lo largo de la jornada, tras escuchar a los diferentes grupos parlamentarios.

Desde el ministerio de Vivienda defendían la necesidad de la reforma para aliviar la situación de inseguridad jurídica que viven los ayuntamientos por la rigidez de la normativa actual, que data de tiempos preconstitucionales. Argumentan también que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó su modificación mediante un manifiesto aprobado por unanimidad.

Invalidez por defectos de forma

En la actualidad, cuando se anula una parte de un Plan General Urbanístico (PGOU), se invalida la totalidad del mismo, incluso aunque se produzca por algún defecto de forma. «Eso en los últimos años ha generado una gran inseguridad jurídica hasta el punto de que los Ayuntamientos no se atreven a impulsar nuevos PGOU», aseguran fuentes del ministerio de Vivienda.

Otra derivada es que, al decaer los nuevos planes, se mantiene la vigencia de los anteriores, que en algunos casos datan de los años 50, habiendo quedado superados por los cambios técnicos y las necesidades actuales en materia de vivienda.

La normativa propuesta ahora por el Gobierno separa entre lo que es la nulidad de pleno derecho, que se establece cuando hay defectos sustanciales, en cuyo caso se puede impugnar y anular totalmente, y las nulidades parciales. Es decir, si hay un elemento formal recurrido pero no es sustancial, se podría anular ese elemento y abrirse un plazo de subsanación de un año para intentar corregirlo.

Vivienda asegura que, con esta reforma, se busca también evitar «casos espurios», es decir, extorsiones «que han venido siendo práctica habitual», hasta el punto de que han surgido despachos especializados en la detección y denuncia, bajo coacción previa al Ayuntamiento correspondiente, de dichos planes.

Gijón, Ibiza, Las Palmas, Madrid...

En los últimos años más de un centenar de grandes urbes españolas han visto tumbados por la justicia sus planes urbanísticos. Es el caso de ciudades como Gijón, Ibiza, Las Palmas, Cartagena o Madrid, en muchos casos por defectos de forma.

Además, con el fin de impulsar la vivienda asequible impulsada por las administraciones, la reforma incorpora el silencio administrativo positivo para determinados trámites, y la creación de una plataforma para agrupar los informes de los expertos correspondientes.

El PP considera que el proyecto «está cojo, carece de ambición y no resuelve el gran problema de la vivienda»

El PP, por su parte, considera que el proyecto de reforma de la ley de suelo del Gobierno está «cojo, carece de ambición, y no resuelve el gran problema de la vivienda en España» que es el enorme desfase entre la oferta y la demanda de viviendas, en palabras de su portavoz de vivienda, Paloma Martín.

Los populares, como informó El Debate, abogan por que los ayuntamientos puedan corregir planes urbanísticos sin las CC.AA., algo que consideran que supone un freno administrativo que aumenta en hasta seis meses los plazos de tramitación.

Mientras, Podemos considera que la reforma limita el derecho de la ciudadanía a impugnar proyectos urbanísticos que vulneren la ley, y limita también las posibilidades de intervención de la administración en parcelas, instalación de casas prefabricadas o talas masivas. Algo que Vivienda niega categóricamente: «Restringir la capacidad de recurso contra los PGOU es algo que está lejos de nuestra intención. Pero no se puede anular toda la planificación urbana de una ciudad como la de Madrid por encontrar un defecto formal en no se que tramite», recalcan.