Los demandantes de las renovables cercan a España con una «lista de la compra» de 5.000 millones en bienes embargables

En un rincón de la web un contador corre, sin descanso. Supera ya los 1.870 millones de euros, y sigue subiendo cada segundo. Es el dinero que adeuda España por los impagos a las primas de las energías renovables, una decisión adoptada por el ejecutivo de Pedro Sánchez que puede abocar al embargo de bienes y derechos financieros de España en el extranjero por valor de hasta 5.000 millones de euros.

«Todos los bienes embargables están identificados y ahora toca decidir si hay que sacar la lista de la compra», trasladan fuentes que representan al 80 % de las compañías que reclaman a España. Hasta la fecha, España ha sufrido el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, y la sede de Acció, la oficina económica de la Generalitat de Cataluña, todos ellos en Londres.

Hay, sin embargo, otros 14 procedimientos de registro de los laudos impagados en marcha en Estados Unidos, cuatro más en Australia y otros cuatro en el Reino Unido, que pueden acabar desembocando en posibles embargos. «Se han rastreado bienes de España en 12 países favorables al cumplimiento de los laudos», aseguró Ashley Messick, de J.S. Held, responsable de consultoría de la mayoría de los demandantes, durante un encuentro con periodistas.

«Pero eso es solo la fruta más baja del árbol, las confiscaciones más fáciles de conseguir». En el punto de mira está, por ejemplo, la filial de Navantia en Australia, los derechos de cobro de la indemnización por el Prestige, que asciende a 900 millones de euros o incluso el Falcon presidencial, como adelantó este periódico.

Hasta la fecha España ha sufrido un total de 26 condenas de 31 procesos cerrados

Hasta ahora España ha sufrido un total de 26 condenas, de un total de 31 procesos cerrados. Los fallos contra nuestro país ascienden a 1.562 millones de euros, a lo que hay que sumar intereses de demora y costas. También los más de 71 millones que el Estado ha desembolsado en abogados y consultores para litigar contra las empresas demandantes. Según los reclamantes, la cuantía total de las condenas podría rondar los 2.300 millones de euros. A todo ello hay que sumar el impacto sobre el Tesoro de la situación de default técnico generada por los impagos que, siempre según las empresas reclamantes, rondaría ya los 7.340 millones de euros.

La situación se remonta al recorte retroactivo de las jugosas primas a la instalación de energías renovables que primero puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y posteriormente readaptó en 2010, en plena crisis financiera. Más tarde el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo en hasta un 40 % los incentivos que seguían vigentes.

«Puesto que invertir en renovables era arriesgado entonces, España ofreció incentivos especiales, las famosas primas. Desgraciadamente, se cambiaron las reglas de juego a mitad del partido, y las rentabilidades pasaron a ser radicalmente diferentes, incluso antieconómicas. Este cambio de política dio pie a decenas de denuncias en busca de una compensación por los daños», desgrana Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim y responsable de los equipos legales de varios de los demandantes.

Hasta la fecha el Estado ha optado por no abonar las cuantías, reclamadas en virtud de la Carta de la Energía, un tratado denunciado recientemente por España y por el resto de la Unión Europea al considerar que ya no es compatible con los objetivos climáticos comunitarios. El año pasado el fondo Blasket Renewable Investments puso sobre la mesa la posible reclamación de activación de default de cuatro emisiones de bonos. Algo que, desde el Ministerio de Economía, desvincularon de la deuda del Estado.

«La reclamación de default técnico es una de las prioridades de esa lista de la compra», afirmó Cherrygan en el marco de la III Conferencia Internacional sobre Energía Renovable, inversión y seguridad jurídica, en la que también participaron Nikos Lavranos, fundador de la consultora holandesa NL Investment Consulting, y Lena Sandberg, socia del despacho Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Cherryman destaca lo «extremadamente inusual» que resulta que un país como España no pague sus deudas y reclama «soluciones constructivas», es decir, un acuerdo con el Estado que garantice a los reclamantes el cobro de al menos una parte de la indemnización a cambio de recortar sus pretensiones. Según aseguran además los demandantes, la situación está detrayendo inversiones en nuestro país ante la situación de «inseguridad jurídica» generada.

«España tiene el potencial de ser el gran hub de inversiones para la UE. España debe ser capaz de captar miles de millones de euros al año en inversiones renovables. Pero la decisión de no pagar estos laudos actúa como un bloqueo a la hora de nuevas entrada de capital en España», aseguró en la misma conferencia Nikos Lavranos, de NL Investment Consulting.

Supuestas prácticas intimidatorias

Entre las empresas que han logrado laudos a su favor, y en detrimento de nuestro país, figura E.On, con una indemnización prevista de 300 millones, Eurus, de Toyota, con 106,2 millones o RWE, con 28,1 millones. Cherryman denuncia además prácticas intimidatorias por parte de España, después de que la Abogacía del Estado reclamara, según afirma, penas de prisión y multas de 250.000 euros para los abogados que reclamaron el traslado de los laudos a la justicia de EE.UU que, según consideran, se está posicionando de forma favorable a sus intereses.

«En los laudos siempre hay intereses de quienes quieren sacar un beneficio», apuntan desde Economía

Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Europa Press aseguraron recientemente que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá «respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada». Igualmente subrayaron que la legalidad de los argumentos de España «ha quedado muy refrendada (...). No obstante, como siempre ocurre con los laudos, hay otro tipo de intereses de quienes quieren sacar un beneficio», añadieron.