Recapi: España se blinda ante otra catástrofe con una reserva estratégica de productos críticos
La Recapi es el acrónimo de un término de sintaxis compleja; Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial. Es también una asignatura pendiente de superar por el gobierno desde que el Consejo de Seguridad Nacional la propusiera en octubre de 2020. Es, por tanto, una herramienta nacida de la palmaria vulnerabilidad que España mostró ante las necesidades aparecidas como consecuencia de la pandemia de la Covid 19.
Operario en una instalación de almacenamiento
La pandemia nos dejó en la memoria y en nuestros hábitos la urgencia por disfrutar de la calle, de los viajes, del ocio y del entretenimiento. Nunca antes se ha gastado tanto en estos rublos sin que el ritmo de la economía acompañe al mismo compás. El gasto en «el desquite del confinamiento» va muy por delante de nuestro crecimiento económico.
El gasto en «el desquite del confinamiento» va muy por delante de nuestro crecimiento económico
Pero, además de la pulsión por la calle y la terraza, la Covid 19 dejó pendiente afrontar las vulnerabilidades de la gobernanza institucional en tiempos de crisis y la incapacidad de la industria nacional para hacer frente autónomamente a la fabricación de los productos denominados «críticos».
El Ministerio de Industria comenzó a trabajar en la Recapi a través de un anteproyecto de Ley aprobado en junio de 2021 que reformaría la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Su contenido, marcadamente industrial, acabará –si se aprueba– modificando también Ley de la Industria que data de julio de 1992. Todo ello se ha plasmado en el Proyecto de Ley de Industria y autonomía estratégica.
¿Cómo se financia la Recapi?
La Recapi tiene como objetivo identificar un doble catálogo; uno de productos considerados «críticos» y otro de capacidades para producirlos en caso de necesidad extrema. La necesidad extrema aparece cuando así lo declara el presidente del Gobierno a través de un decreto de «situación de interés para la seguridad nacional». De esta forma se salva la vulnerabilidad de la gobernanza de las situaciones de crisis que se pusieron de manifiesto en las declaraciones de los estados de emergencia de 2020. Una vulnerabilidad reconocida por los tribunales a petición del grupo parlamentario de Vox.
La semana pasada tuvo lugar en el Ministerio de Industria un evento con el objetivo de dar a conocer la Recapi entre las diferentes administraciones y empresas potencialmente implicadas. Tuve oportunidad de conocerla gracias a la directora general de Empresas de la Junta de Extremadura, Celina Pérez, en el foro de San Telmo Business School en dicha región; una región donde el músculo industrial es muy notable.
Ahora corresponde al Consejo de Seguridad Nacional elaborar el catálogo de productos críticos
En definitiva ahora corresponde al Consejo de Seguridad Nacional elaborar el catálogo de productos críticos. A partir de ese catálogo se confeccionará otro en el que se incluyan los recursos movilizables en situaciones de crisis para fabricar esos productos. En este segundo catálogo se incluirían los recursos humanos disponibles (recordemos que los compartimentos estancos autonómicos impedían en plena pandemia conocer el número de profesionales de la salud disponibles), recursos materiales, instalaciones disponibles y otros activos de utilidad.
La identificación de los recursos corresponderá al Ministerio de Industria, a las administraciones regionales y, necesariamente, a los representantes de la industria. La movilización de estos recursos en caso de necesidad corresponderá al presidente del gobierno que podrá «regular la producción industrial de España en función de las necesidades dictadas por la situación de crisis». El presidente del gobierno contaría con la ayuda de un órgano creado ex novo con el nombre de Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica.
El coste de desarrollar la RECAPI será financiado por fondos europeos procedentes del Instrumento de Apoyo Técnico
El coste de desarrollar la Recapi será financiado por fondos europeos procedentes del Instrumento de Apoyo Técnico (TSI por sus siglas en inglés), dotado para el conjunto de la Unión Europea con 864 millones de euros para el período 2021-2027. Este fondo está orientado a la adopción de reformas que permitan hacer frente con eficacia a situaciones de crisis.
El Ministerio está muy decidido en la comunicación de esta iniciativa como algo tangible y nada vaporoso. El desafío, desde luego, es tan grande como las vulnerabilidades que la industria mostró durante la pandemia como consecuencia de haber externalizado la fabricación de buena parte de sus componentes a plantas ubicadas en el sureste asiático. Es claro que para estar a la altura del desafío se necesita el compromiso de la industria nacional a la que se le pedirá mantener una capacidad latente de adaptación a la producción de productos estratégicos en caso de necesidad. Esto no se puede hacer a coste cero como no se hace, valga el símil, con las plantas de generación eléctrica que se mantienen en «rodamiento» por si tienen que entrar en producción fruto del disparo de la demanda o fallo del sistema.
En resumen, la Recapi es un instrumento bien concebido en su diseño y gobernanza. Su desarrollo efectivo está por ver pero, en cualquier caso, dependerá de la colaboración de las empresas y de los fondos que se les asignen para mantener latente su capacidad de adaptación a los tiempos de crisis extrema.
José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino
