Begoña Gómez, primera dama de las empresas que su marido desprecia

Cuentan en el supermercado de Pozuelo de Alarcón donde Begoña Gómez solía hacer la compra, que en el verano de 2018 fue una mañana por cada puesto pidiendo al frutero, la pescadera o el carnicero sólo un kilo de manzanas, sólo cuatro lenguados o sólo una bandeja de filetes «porque mañana nos mudamos a la Moncloa». La anécdota no pasa de ser un chismorreo de vecindario, pero resulta elocuente para intuir el talante con el que la mujer del presidente del Gobierno ha debido de relacionarse con las empresas durante todo este tiempo. Claro que hoy no tiene que alardear del trabajo de su marido o del lugar donde viven porque todo el mundo lo sabe. Los directivos se reunían con ella «por ser vos quien sos», que dicen los argentinos. Y ésa es una de las claves de los escándalos que investigan tanto el juez Peinado como la Fiscalía Europea, después de que varios medios de comunicación informaran a la ciudadanía de unos hechos indiscutiblemente noticiables. Entre ellos, ocupa un lugar destacado El Debate, cuyas exclusivas figuran en la denuncia que motivó la apertura de diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

A ninguna compañía le conviene ver su nombre vinculado a un escándalo que adquiere proporciones más alarmantes cada día que pasa

Cuando hace seis años el Instituto de Empresa puso en manos de Begoña Gómez la dirección del IE Africa Center y parte de la prensa cuestionó la idoneidad de su perfil, pregunté a un veterano profesor de esa escuela de negocios qué necesidad tenían de apostar por un fichaje tan controvertido. Me contestó que «a nadie le amarga un dulce». Con lo que sabemos ahora, es obvio que se equivocaba de pleno. El dulce no sólo ha amargado a unos cuantos, sino que se les está atragantando. Porque a ninguna compañía le conviene ver su nombre vinculado a un escándalo que adquiere proporciones más alarmantes cada día que pasa. No es plato de buen gusto ni para empleados ni para clientes ni para nadie. Y únicamente contando las empresas e instituciones que apoyaron el famoso Máster de Transformación Social Competitiva con patrocinios y donaciones en especie, o sufragando la matrícula de más de 7.000 euros por alumno, ya sale una treintena. De sectores tan diversos como seguros, aerolíneas, energía, consultoría, comunicación o tecnología, representado este último por Telefónica, Indra Minsait y Google, creadores del software valorado en 150.000 euros que Gómez registró a su nombre a pesar de las advertencias del vicerrector de la Complutense.

Lo cierto es que resulta paradójico que la mujer de Sánchez mantenga una relación tan estrecha con el mundo empresarial cuando el Gobierno que preside su marido no para de ponerle palos en las ruedas. Valga el ejemplo del impuestazo a las energéticas y los bancos que perjudica a Iberdrola o el Santander, colaboradores ambos del famoso máster impartido en la mayor universidad presencial de España. Así consta en los folletos promocionales difundidos por Carlos Segovia en El Mundo. «Si Botín y Galán protestan ante los impuestos, vamos en la buena dirección», llegó a decir Pedro Sánchez en julio de 2022 radicalizando el objetivo de señalar a las grandes compañías como beneficiarias –y hasta culpables– de la inflación. Ese tipo de comentarios populistas en boca del jefe del Ejecutivo nunca han hecho otra cosa que crear inseguridad jurídica y alejar las inversiones que necesita nuestra economía.

Ese tipo de comentarios populistas en boca del jefe del Ejecutivo nunca han hecho otra cosa que crear inseguridad jurídica

Lo mismo sucede con las campañas de hostigamiento a los empresarios de Podemos o Sumar, la mayoría de las veces con nombre y apellido como los de Amancio Ortega o Juan Roig. Y qué decir del acoso a Ferrovial cuando dio a conocer la intención de trasladar su sede a los Países Bajos. Nadia Calviño y el resto del Consejo de ministros fueron inmisericordes en sus ataques a Rafael del Pino. En todo caso, más preocupante que todo ello resulta el creciente intervencionismo en el sector privado, que va de Telefónica a Indra pasando por varias decenas de compañías que gestiona o en las que participa la SEPI. Porque la pandemia y la guerra de Ucrania justificaron muchas decisiones estatales, pero una vez superada la emergencia, lejos de desactivar esas medidas excepcionales, el Gobierno emprendió una estrategia muy peligrosa para la estabilidad de las instituciones en las que se asienta la actividad económica. Lo estamos viendo continuamente.

Dice la Constitución en su artículo 38: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». El sanchismo no ha hecho más que soslayarlo desde el principio. Desde muy poco después de que Begoña Gómez fuera a aquel supermercado de Pozuelo para que todos se enteraran de que estaba a punto de mudarse al Palacio de la Moncloa.