Fachada del edificio del Banco de España.
El choque entre Gobierno y oposición atasca la renovación de organismos clave más allá del Banco de España
La subgobernadora Margarita Delgado asume el mando interino del supervisor bancario sin derecho a votar en el BCE
Llegó el día. Pablo Hernández de Cos ya ha dejado las riendas del Banco de España y lo hace, de manera inédita, sin que el Gobierno y la oposición hayan pactado a su sustituto. El madrileño, ejemplo por su profesionalidad e independencia, ha sabido mantenerse al margen del runrún político que siempre rodea a esta institución. De momento, y hasta que el Gobierno designe a un sustituto, sus responsabilidades quedarán en manos de la actual subgobernadora, Margarita Delgado.
El mandato de Delgado, no obstante, expira el próximo mes de septiembre. Y los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) establecen que los sustitutos de los bancos nacionales solo pueden votar cuando se debatan asuntos relativos a la llave de capital, pero no en temas de política monetaria, por lo que España se quedaría sin margen de maniobra ante la próxima reunión de tipos que el organismo celebrará el 18 de julio.
Carlos Cuerpo ya ha señalado en más de una ocasión que no tiene «ninguna prisa» en designar al heredero de Hernández de Cos y son muchos los nombres que han salido en las últimas semanas. Como publicaba El Debate hace unos días, los favoritos son Fernando Restoy, presidente del Instituto de Estabilidad Financiera; Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV; y José Manuel Campa, ex secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011; aunque también han sonado los nombres de Óscar Arce, David Vegara o el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá.
El mandato de Parera en la CNMV caduca precisamente este mes de diciembre, al igual que el de su presidente Rodrigo Buenaventura. En ambos casos el Ejecutivo deberá decidir si los prorroga durante dos años más, una vez transcurrido el primer período de cuatro años, o en lugar de ello abre otro melón sucesorio.
Este sería un asunto más en la creciente lista de tareas pendientes, que pasa también por el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que suma ya más de 2.000 días de bloqueo. Pero también, y de nuevo como ya informó este periódico, por cubrir las vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE), que Moncloa considera un mismo pack a negociar. Desde Génova afirman que, al menos hasta la fecha, no han recibido ninguna propuesta.
CNMC y CNE
En este sentido, sigue pendiente ocupar la vacante de cinco de los diez consejeros de la CNMC, lo que tradicionalmente se realiza de acuerdo con el principal partido de la oposición. El PP de hecho se quedó sin su último representante en el organismo que preside Cani Fernández tras el cese, el pasado verano, de María Ortiz Aguilar. El roto es de tal calado que el organismo ha puesto en marcha un sistema de rotación entre sus dos salas, Competencia y Supervisión Regulatoria.
Otro movimiento de calado pendiente de aterrizar es la nueva Comisión Nacional de la Energía, el organismo que asumirá las competencias sectoriales de manos de la CNMC en materia de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, de hidrógeno verde y otros gases renovables.
El Gobierno dio el pasado febrero luz verde al anteproyecto de ley para su creación, que también ha validado la propia CNMC. Al frente se situará un presidente con rango de secretario de Estado, un vicepresidente y cinco consejeros. El nuevo organismo, que asumirá también parte del personal y edificios de la CNMC, deberá estar plenamente operativo cuatro meses después de la aprobación, por Ley, de su creación. Todo ello mientras se dilucida el futuro en Bruselas de la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Energía, Teresa Ribera, tras el resultado de las recientes elecciones europeas.
La CNE es el organismo más relevante que se creará de forma inminente, pero no el único. El pasado 26 de marzo el Consejo de Ministros aprobó por la vía de urgencia la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, bajo el paraguas del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo.
El nuevo organismo agrupará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Pensiones, además de desplegar nuevas competencias para reforzar el control del Ejecutivo sobre el sector financiero. Estará controlado por un Consejo Rector, un presidente y un vicepresidente, y tendrá un carácter eminentemente técnico. De ahí que el sector financiero confíe en que esté conformado por profesionales desvinculados de la política. Cuerpo también tiene que resolver en los próximos meses quién sustituirá a José Carlos García de Quevedo como presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que abandonará su cargo en septiembre con rumbo a Bruselas.