La inversión en infraestructuras en España ha caído un 65 % desde la crisis financiera
La patronal Seopan advierte que en 2030 casi la mitad de las infraestructuras públicas superará los 20 años de antigüedad
La inversión en infraestructuras sigue lejos, muy lejos de los niveles alcanzados antes de la crisis financiera En 2023 se situó en 11.863 millones de euros, frente a los 33.680 millones de 2007. El recorte ronda el 65 % y llevará a la mitad de las infraestructuras españolas a superar los veinte años de antigüedad en 2030.
Así lo ha alertado este lunes la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan durante la presentación de un estudio sobre el impacto de la inversión en obra civil. El documento, elaborado por PwC, revela que por cada millón de euros de obra civil se generan 780.500 euros de PIB, 12 empleos y 263.000 euros en impuestos.
«Lo imprescindible ahora es poder gastar hasta el último euro de los fondos europeos», ha afirmado el presidente de Seopan, Julián Núñez. Durante un encuentro con medios de comunicación, Núñez ha dudado que se puedan ejecutar todos los fondos pendientes antes de agosto de 2026, y se ha mostrado «convencido» de que la Comisión Europea se abrirá finalmente a modificar los plazos.
El directivo ha reclamado a las comunidades autónomas que participen en el Fondo de Resiliencia Económica, cuyo diseño abordará esta semana el ministerio de Economía en una conferencia sectorial. «Son préstamos con excelentes condiciones financieras, aunque está por ver su impacto sobre la deuda», ha reconocido Núñez, que ha afirmado que hasta la fecha se han licitado más de 11.000 millones en obra pública con fondos Next Generation.
«Hasta ahora, estamos cumpliendo», ha dicho, si bien ha pedido también reformular algunos Pertes. También ha pedido indexar los contratos públicos para adaptarlos al alza de los precios.
Según Seopan, harán falta 241.000 millones de euros en infraestructuras planificadas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, en materias como el ciclo integral del agua, transportes, energía e infraestructuras de equipamiento público. Dichas inversiones necesarias a corto y medio plazo generarían un impacto de 188.063 millones de euros en PIB, 2.796.829 de nuevos empleos a tiempo completo y 62.688 millones de euros de recaudación fiscal.