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El vicesecretario de Economía, Juan Bravo

El PP carga contra la «financiación singular» de Sánchez para Cataluña y la recurrirá al Constitucional

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera la propuesta una «compra de votos» para mantener La Moncloa

El Partido Popular ha cuestionado este lunes con dureza la propuesta de Pedro Sánchez para ofrecer «una financiación singular» a Cataluña. El planteamiento, lanzado primero por María Jesús Montero y respaldado luego por Sánchez en una entrevista en La Vanguardia, es para el portavoz económico del PP, Juan Bravo, «una compra de votos» a ERC y Junts para que el actual inquilino siga instalado en La Moncloa.

En una entrevista en Herrera en Cope, Bravo ha advertido de que, si se aplica una financiación especial para Cataluña para «comprar la presidencia de Sánchez» quedará la vía del Tribunal Constitucional y otras fórmulas jurídicas para intentar que eso no suceda.

Los populares equiparan además la financiación a la amnistía, dado que el presidente no la ha sacado a la palestra hasta después del ciclo electoral de las elecciones gallegas, catalanas y europeas. «Si era tan buena como la amnistía, ¿por qué no lo hizo antes?», se ha preguntado Bravo.

Ruptura de la AEAT

La formación se abre, no obstante, a pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. Ahora bien, aboga porque éste sea «justo para todos los españoles», dado que es el elemento que más vertebra a los diferentes territorios. Por el contrario, un traje a medida de una única autonomía, dejaría a unos territorios en peores condiciones que otros, al deteriorar servicios como la sanidad, la educación o las políticas sociales en las regiones receptoras netas de transferencias.

La posible cesión de los impuestos a Cataluña rompería, según los Inspectores de Hacienda (IHE) la caja común y supondría el fraccionamiento de la Agencia Tributaria y, con ello, «el deterioro de la lucha contra el fraude fiscal y una merma sustancial de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos». Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reiterado su «preocupación» por el tratamiento especial a Cataluña. «Supondría privar al Estado de los recursos necesarios para ejercer su función con efectividad», según ha afirmado a Ep su director ejecutivo, Ángel de la Fuente.

En conversación con El Debate, De la Fuente ya advirtió en marzo que un hipotético cupo catalán supondría un golpe recaudatorio para el Estado de unos 30.000 millones de euros.