Estalla el hartazgo en la empresa privada por el aluvión de contratos de la Administración al sector público
El recurso a compañías de capital público por parte del Estado, las autonomías y los ayuntamientos se ha disparado un 77 % en solo un año
En una caricatura muy celebrada en internet, usada para señalar cuando dos ideas o entidades se parecen mucho, dos Spiderman se señalan entre sí. Algo similar ocurre en los últimos años ante un verdadero alud de contrataciones del Estado, las autonomías y las administraciones locales a sus propias empresas públicas, en pleno aterrizaje de los fondos europeos Next Generation.
De 2021 a 2022 el uso de medios propios por parte de las administraciones, es decir, el recurso a compañías de capital público creció un 77 %: de 1.888 a 3.346 encargos, según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Y el importe se disparó un 350 %, pasando de 589 millones a 2.631. Las cifras chocan con las que se registraban, por ejemplo, en 2018, cuando solo se publicaron encargos a medios propios por valor de tres millones de euros. Un alza que, en cinco años, ronda el 87.600 %.
«Lo que subyace en el fondo es una falacia, un supuesto ahorro en los plazos. Me gustaría ver si realmente lo hay», explican a El Debate desde la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica). «Y, en cuanto a costes, le garantizo que las tarifas públicas son superiores a los precios de licitación, entre el 40 o el 50 % más que una oferta privada en el caso de Ineco», asegura el presidente de Asica, Ignacio Sánchez de Mora y Andrés.
El sector privado lleva años denunciando el creciente recurso a medios propios por parte de la Administración. En 2022 las autonomías fueron el organismo que más encargos realizó a medios propios, 1479, el 44,20 %. Siguió el Estado, con 1.209, el 36,13 %, y las entidades locales, con 658, el 19,67 % restante.
La gota que ha colmado el vaso en las últimas semanas ha sido la posibilidad de que fuera la pública Ineco la que se llevara la adjudicación del proyecto de un millonario puente en Sevilla, algo que según ha precisado en los últimos días el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aún no se ha decidido. Entre 2018 y 2023 la empresa pública de ingeniería, dependiente de Transportes, ha incrementado más de un 60 % su cifra de negocio, pasando de 273,79 millones a 442,48.
«Una irresponsabilidad»
Llueve, en cualquier caso, sobre mojado. En febrero, la Confederación Nacional de la Construcción ya cuestionó el abuso del recurso a los medios propios, «una auténtica irresponsabilidad que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad y aboca a la disolución o al concurso de acreedores a miles de compañías del sector pequeñas y medianas». Ahora, la CEOE ha llevado la situación ante la Comisión Europea, en una carta, adelantada por El Confidencial, dirigida al comisario de competencia, Thierry Breton. En la misiva, a la que ha tenido acceso El Debate, la patronal lamenta el abuso de una figura, el recurso a medios propios, que según la legislación debería limitarse a supuestos excepcionales.
«El Tribunal de Cuentas no ha parado de alertar. También la CNMC, y la OIReScon. Y no pasa nada», lamenta Sánchez de Mora. Por este motivo, Asica está preparando, con la colaboración de dos catedráticos un dictamen de autoridad que presentarán en Bruselas para abordar la catarata de contrataciones con el sector público, que el Ejecutivo justifica por la urgencia de dar salida a los fondos europeos Next Generation antes de la fecha tope de agosto de 2026.
En paralelo, el sector acusa la caída de la inversión en infraestructuras, que sigue aún muy lejos de los niveles alcanzados antes de la crisis financiera. En concreto, un 65 % por debajo, como destacaba este lunes la patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan. Su presidente, Julián Núñez, afirmó que lo imprescindible ahora «es poder gastar hasta el último euro de los fondos europeos», algo que resulta dudoso con los plazos actuales.
