Un país de funcionarios, la España soñada de Sánchez

Cuesta trabajo encontrar un español mayor de edad que no haya sufrido la pesadilla al ir a renovar un documento, hacer cualquier consulta o gestionar algo tan importante como la pensión. La Administración Pública se ha convertido en un muro inescalable de burocracia tan desesperante como incomprensible en la era de la revolución digital. En medio del colapso, el anuncio del ministro Escrivá de que el Gobierno se dispone a consumar el mayor incremento de oferta de empleo público de las últimas décadas, debería recibirse como un bálsamo. Lo que ocurre es que las 40.121 nuevas plazas que están a punto de convocarse se suman a las 183.436 impulsadas desde que Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa, y se nos está quedando un país de funcionarios que ni podemos ni debemos permitirnos. Porque cada nueva plaza que se crea en el sector público conlleva un aumento del gasto que recae inevitablemente sobre los hombros de los contribuyentes. Porque se hace a costa de la economía productiva, en definitiva.

Por mucho que a los sindicatos les parezca insuficiente -menos a la UGT de Pepe Álvarez-, desde 2018 no ha habido un solo año en el que las convocatorias no hayan crecido con respecto al anterior. Y como quien no quiere la cosa, tenemos ya un ejército de más de tres millones de empleados públicos, según los datos de la Seguridad Social a cierre de mayo. Tan sólo en 2020, tras el estallido de la pandemia, Miquel Iceta mantuvo las mismas plazas de 2019. La cuestión es que el número de funcionarios ha crecido en casi 500.000 en los últimos seis años, sin que sea consuelo el que alrededor de 300.000 correspondan a las comunidades autónomas.

Si los países de la eurozona dedican de media un 9,8 % de su PIB a retribuir a sus empleados públicos, en España estamos en el 11,3 %

Siendo comprensible la necesidad de rejuvenecer las plantillas y sustituir a quienes se jubilan, parece un disparate que el número de trabajadores que cobran su sueldo directamente de las Administraciones venga creciendo a un ritmo de 18.360 nuevos contratados cada trimestre. Si los países de la eurozona dedican de media un 9,8 % de su PIB a retribuir a sus empleados públicos, en España estamos en el 11,3 %, calcula el Instituto Juan de Mariana. Y el pato lo acaba pagando el sector privado, cuya capacidad de ahorro e inversión se ve comprometida por unas estructuras administrativas cada vez más caras.

Claro, que pensará Sánchez que ese no es su problema, sino el de los empresarios, que a él le hacen la gracia justa. Lo viene demostrando con denuedo cada vez que les sube los impuestos, por citar sólo un ejemplo de los muchos palos que les pone en las ruedas. O cuando deja que Yolanda Díaz se salga con la suya a la hora de aplicar unas políticas que en nada benefician a quienes generan puestos de trabajo y riqueza. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Como seguimos soportando las mayores tasas de paro de la Unión Europea, el Gobierno continúa apostando por el sector público como motor de la creación de empleo. Y así distorsiona la verdadera situación del mercado laboral, si acaso no fuera suficiente con el maquillaje estadístico.

El perjuicio de esta estrategia para la productividad resulta obvio, pero hay un efecto aún más perverso que emana de la burbuja de empleo público que está inflando Sánchez. La izquierda siempre ha buscado tejer una red clientelar de voto, como supuso en su momento la instauración del antiguo PER en Andalucía y Extremadura, que al lado del PSOE actual se queda en un juego de niños. El asalto a los organismos públicos por parte de Moncloa es un suma y sigue que no tiene fin: la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el CIS, RTVE, RENFE, AENA. Y lo que puede estar por venir de la mano del paquete que ha ideado Bolaños para negociar la renovación del CGPJ y donde entran el Banco de España, la CNMC y la CNMV, entre otros. Por eso es crucial que el PP no caiga en la trampa.

Volviendo a lo nuestro, en fin, el número de opositores se encuentra en máximos históricos. El 10 % de la población en edad activa ha comenzado a opositar en el último año y el 20 % de los que tienen entre 18 y 55 años se plantea hacerlo, según un estudio reciente. Además de la estabilidad y de que los sueldos están subiendo más en el sector público que en el privado, la mayoría lo ve como una tabla de salvación tras chocarse con un mercado laboral repleto de ofertas precarias. Triste que los niños no sueñen con ser empresarios sino funcionarios. Triste y sintomático.