De 13 a 36 meses: lo que se tarda en desalojar a un okupa en cada comunidad autónoma
El plazo medio en España ha aumentado hasta los 23,2 meses, según datos del CGPJ
Desalojar a un okupa es más complicado que nunca, a tenor de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La duración media de los procedimientos judiciales por ocupación de viviendas en España en 2023 fue de algo más de 23 meses, llegando en algunas regiones hasta los tres años.
Según revela Idealista, el periodo medio de los verbales posesorios de Primera Instancia –juicios orales– se situó en los 12 meses, un 10,1 % más que el año anterior, mientras que las apelaciones ante las audiencias provinciales se fueron a los 11,2. En total, se tardan, de media, 23,1 meses en desalojar a un okupa.
Además, el porcentaje de sentencias dictadas por jueves como refuerzo para avalar el desalojo ha caído también al 14,11 % en el caso de las audiencias provinciales y al 9,15 % en Primera Instancia.
Pero lo más llamativo es la diferencia entre comunidades. Castilla y León (35,9 meses), Murcia (27), Canarias (26) y Andalucía (24,9) superan los dos años de plazo, mientras que Aragón (13,5 meses), Navarra (14,2) y Asturias (14,9) son las que muestran menor duración, en ningún caso baja de un año.
En total, en 2023 se produjeron 2.261 procedimientos –un 18,8 % menos que el año anterior– de los cuales Cataluña registró 445, un 23,6 % del total, y se mantiene como la región con más demandas en los últimos cinco años. A continuación se encuentra Andalucía (424 procedimientos), Comunidad Valenciana (379) y Madrid (215). En relación con su población, la mayor tasa se da en Baleares, con 9,8 casos por cada 100.000 habitantes.
Carmen Giménez, experta en derecho inmobiliario en G&G Abogados explica en el portal inmobiliario que este aumento del plazo se debe al colapso en al Justicia por el crecimiento de la litigiosidad y la falta de medios personales y materiales. «Como la Justicia es la hermana pobre de las administraciones, no la dotan de los suficientes medios, y estamos trabajando con una justicia más parecida a la de la época medieval», señala al respecto.
«La resolución de un procedimiento para desahuciar a un ocupante ilegal puede tardar entre 8 meses y año y medio en primera instancia (depende del juzgado que lo lleve y de la saturación de asuntos que tenga) y, luego, la Audiencia Provincial, dependiendo también de cada Comunidad Autónoma, entre 8 meses y dos años», añade.