El «abuso» de la prestación por incapacidad temporal duplica el gasto en bajas a pesar del ligero aumento de beneficiarios

En apenas cinco años, el gasto por incapacidad temporal se ha incrementado un 87,11 % a pesar de que la población protegida apenas ha aumentado un 10 %, lo que supone un claro «rasgo de abuso» entre el uso que hacen de la prestación los beneficiarios del sistema, según el último informe de Fedea sobre el sistema de pensiones y la Seguridad Social.

No se trata de un apunte trivial, ya que el autor de dicho estudio es Octavio Granado, ex secretario de Estado de Seguridad Social con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez al principio de legislatura hasta que el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos le dejó fuera del ruedo político. Es, en definitiva, una de las voces más autorizadas para hablar del sistema de cobertura de nuestro país.

Según detalla Granado, el gasto de bajas por enfermedades comunes en 2018 ascendía a 6.608,03 millones de euros, mientras que por contingencias profesionales era de 876,75 millones para un total de 7.484,78 millones de euros. En 2023, apenas cinco años después, el gasto total en para incapacidad temporal era de 14.005,06 millones de euros, un 87,11 % más.

Sin embargo, en ese periodo, la población protegida ha pasado de 17,3 millones de personas a 19,07, apenas un 10,17 % más, y los procesos crecieron de 5,97 millones a 8,11, un 35,9 % más, con un aumento de la incidencia y una menor duración media.

«La incapacidad temporal ha aumentado su coste desde el año 2018 al 2023 en una cantidad similar a la diferencia que se produce cada año entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales. Un coste que crece aceleradamente, y que puede afectar a la sostenibilidad del sistema», señala Granado. El ex secretario de Estado propone cambios que permitan a las personas en edad activa continuar en el mercado de trabajo y «no buscar sistemáticamente ‘atajos’ que les retiren del mismo».

Estas modificaciones, explica, pueden conseguirse «aplicando esfuerzos en los puntos necesarios del engranaje social», como cuando se introdujo una modificación normativa para reducir las bajas de más de 365 días por la cual la decisión de mantener las prestaciones recaía sobre los inspectores de la Seguridad Social. «Hoy en día todavía existe una gran conflictividad en los procesos de alta duración, generados muchos por la Covid. Y sigue siendo perceptible la existencia de procesos que finalizan, por ‘casualidad’, a los pocos días de llegar a los 365», comenta al respecto.

Sin enfermedad crónica, la multiplicación de bajas debería suponer una disminución de la prestación

Granado sugiere que la configuración de la prestación debería realizarse «partiendo de la base de que, si no existe una enfermedad crónica, la multiplicación de situaciones de incapacidad temporal debe suponer una disminución de la cantidad percibida».

«Ninguna medida tendría eficacia práctica si no somos capaces de generar una cultura que reconozca que el estado de salud y la capacidad de trabajar deben complementarse, y que generar condiciones y jornadas de trabajo que disminuyan la salud de los empleados es tan negativo como simular o exagerar trastornos de salud para escapar de estas condiciones y jornadas», concluye Granado, que despide su trabajo con un dixi et salvasi animam meam –«he hablado y salvado mi alma»–, misma cita que utilizara Karl Marx en una de sus obras para justificar su inacción.