Contratos a dedo, falta de mano de obra y costes disparados un 27 % asedian a la obra pública

El abuso, por parte de las distintas administraciones, del recurso a medios propios mediante contrataciones a dedo ha despertado una creciente contestación por parte de las empresas privadas, que advierten del sobrecoste que los procedimientos no abiertos suponen para las arcas públicas.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los contratos en los que se utiliza un procedimiento no abierto son casi un 10 % más costosos que aquellos donde hay libre concurrencia. Así, por cada empresa adicional que participa en un lote el precio a pagar por la Administración cae un 2,1 %, según el documento, publicado en 2019 y recuperado ahora por la patronal de las constructoras no cotizadas, Anci, para alertar del excesivo recurso a esta figura en pleno alud de adjudicaciones a medios propios por parte del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

«En términos de coste, la elección del procedimiento no es neutral para la eficiencia en la adjudicación», advierten desde la asociación, que agrupa a 24 empresas constructoras responsables del 20 % de la obra pública que se ejecuta en España. En su asamblea general, reunida este martes, Anci reclamó «optimizar la eficiencia del gasto público y maximizar el retorno al ciudadano».

Según la CNMC, si hubiera sido posible la utilización de procedimientos abiertos en todas las licitaciones, el coste de la contratación pública habría sido, como mínimo y bajo criterios muy conservadores, unos 1.700 millones de euros inferior en el periodo entre 2012 y 2016.

«La elección del procedimiento no es neutral para la eficiencia en la adjudicación»

Como ya contó El Debate, el recurso a compañías de capital público por parte del Estado, las autonomías y los ayuntamientos se ha disparado un 77 % en solo un año. Y, de acuerdo con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se concentran en 14 empresas «lo que evidencia un abuso y una falta de concurrencia que amenaza la competencia empresarial y compromete la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación».

Senda «planificada, estable y sostenida»

Las constructoras abogan por «mantener una senda de inversión en obra pública planificada, estable, sostenible y adecuada a las necesidades de las personas». Todo ello después de que Seopán, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, y PwC advirtieran recientemente de que la inversión en infraestructuras ha caído un 65 % desde la crisis financiera. De seguir así, en 2030 casi la mitad de las infraestructuras públicas superará los 20 años de antigüedad.

Por su parte, desde Anci subrayan también el impacto que ha tenido sobre el sector el fuerte incremento de los costes desde 2021. Así, en los últimos tres años se han encarecido un 27 %, más que en los 16 años anteriores. «Aunque se ha moderado su crecimiento no hay indicios de descenso», advierten desde la patronal. «Y ello sin considerar el coste de la mano de obra, que ha tenido un comportamiento similar», añaden. Este último apartado se ha encarecido más de un 20 % desde 2021, y no se ha frenado en el primer trimestre de 2024.

De ahí que los constructores insistan en reclamar que la mano de obra se incluya como uno de los componentes revisables en los contratos públicos. Todo ello mientras sobrevuela la inminente aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, algo que, según advirtió este lunes Cepyme, añadirá un coste de 40.000 millones de euros sobre las empresas.