Ribera encarece en otros 130 millones la factura de las nucleares y el sector teme «seriamente» por su continuidad

Fuerte malestar en el sector por la decisión de Transición Ecológica de incrementar finalmente la tasa Enresa un 30 %. El mordisco adicional para financiar el desmantelamiento de las plantas y la gestión de sus residuos supondrá un desembolso adicional de 130 millones de euros anuales, que se sumarán, desde este 1 de julio, a los 450 que el sector venía aportando desde 2019.

El incremento, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes, coincide además con la puesta en marcha del procedimiento para clausurar la central nuclear de Almaraz. Enresa, dependiente de Transición Ecológica, ha publicado la licitación para los trabajos de ingeniería previos al desmantelamiento de la planta, la instalación energética que más electricidad aportó al sistema en 2023.

Transición Ecológica se remite al acuerdo de cierre escalonado alcanzado con las titulares de las centrales, en 2019. Según el mismo, la autorización de explotación para el reactor I de Almaraz expira en noviembre de 2027 y la del II el 31 de octubre de 2028. Después de Almaraz I y II vendrían Ascó I y Ascó II, en Tarragona, y Cofrentes, en Valencia.

La nueva subida, aunque se queda a mitad de camino del 40 % que llegó a plantear Transición Ecológica, supone, según el sector, la quiebra efectiva del acuerdo de 2019, dado que el incremento máximo entonces contemplado de la tasa era del 20 %, situándola en el límite actualmente vigente de 7,98 euros / MWh. Transición Ecológica, entienden desde Foro Nuclear, la plataforma que agrupa a Endesa, Iberdrola y Naturgy, las titulares de las plantas, «amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear español».

Los titulares de las plantas ya presentaron, el pasado febrero, alegaciones conjuntas al primer intento de Ribera por incrementar la tasa, que finalmente fue retirado, y que hubiera elevado la factura total para el sector en 1.200 millones de euros. Foro Nuclear mantiene además dos recursos administrativos, uno contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos y otro contra el acuerdo que dio carpetazo al proyecto para construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas. En lugar de ello, el Gobierno apuesta ahora porque sean las propias centrales las que gestionen y almacenen los residuos hasta la construcción de un Almacén Geológico Profundo, que no se espera que esté operativo al menos hasta la década de 2070.

Cierre hasta 2035

Como ya contó El Debate, Almaraz I no sería la primera central nuclear española en desconectarse de la red. Vandellós I, en 1989, se clausuró tras un accidente catalogado como «importante». Siguió José Cabrera, en Guadalajara, conocida como Zorita, en 2006; y Santa María de Garoña, en Burgos, en 2012.

Todas ellas, sin embargo, producían en su conjunto menos que cualquiera de los dos reactores de Almaraz. Su cierre supondría, por tanto, un punto de inflexión y un golpe para los más de 800 empleados que la frecuentan diariamente, y que llegan a 1.200 en los períodos de recarga, que se suceden cada 18 meses.

Desde hace varios meses, dos equipos trabajan en paralelo con las hipótesis tanto del fin de las operaciones como de la continuidad, dado que en ambos casos habría que realizar inversiones millonarias. Mientras el PP ha comenzado a movilizarse para pedir al Congreso, mediante una Proposición No de Ley, una moratoria sobre el cierre de una instalación que abastece a cuatro millones de hogares españoles.