El negocio de los negocios: de la burbuja a la ciudad de Justicia

No hay más que echar un vistazo a las menguantes inversiones internacionales en España para darse cuenta por dónde van los tiros y por donde van a seguir. Ya sé que el ladrillo tiene muy mala fama en nuestro país y que ha arruinado a empresas y particulares, pero de aquella llamada burbuja tuvieron mucha culpa los bancos y otros advenedizos que no conocían ese mercado y solo querían beneficios rápidos y fáciles. Y pasó lo que pasó.

Pero las cosas han cambiado: el turismo se ha disparado en nuestro país; la presencia de grandes fortunas en las ciudades también; y el Sol -con eso no puede Pedro Sánchez- va a seguir donde está, aunque Yolanda Díaz nos amenace con un cataclismo mundial.

Pero vamos con los datos. El suelo en las ciudades españolas ha duplicado su valor en una década. Y no hablo del centro de las ciudades, ni siquiera de los barrios residenciales, sino de la periferia. En eso tienen mucha culpa -culpa buena- las inversiones dotacionales de los ayuntamientos, que han convertido arrabales y zonas marginales en espacios verdes, con centros deportivos, colegios, mercados y viviendas de protección oficial. También es un hecho la carestía de viviendas y parcelas edificables. Se necesitan nuevos espacios, bien dotados y comunicados -aquí chocamos con las cercanías del ministro Óscar Puente- para rebajar los precios actuales. Y ese es el reto de casi todas las ciudades de España. Zonas de expansión: barrios enteros que consigan bajar el precio del metro cuadrado.

Solo espero que esta vez Europa nos vigile más de cerca para evitar rescates multimillonarios.

Naturalmente, las empresas constructoras ya han echado cuentas de que las inversiones son importantes. Y los bancos, que como los tiburones en cuanto huelen sangre pierden los papeles, querrían su tajada. Solo espero que esta vez Europa nos vigile más de cerca para evitar rescates multimillonarios. Aquellos 20.000 millones hay quien los calcula casi en el doble. Pues seguramente.

Pero vamos con lo positivo y con algunos ejemplos que pueden dar pistas. Primero: es un hecho que en las grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Sevilla hacen falta nuevos espacios. Segundo: es también una verdad que la inestabilidad política ha llevado a los ayuntamientos a no invertir en proyectos a largo plazo. Y tres: hacen faltan pisos baratos, singularmente para gente joven, en las grandes ciudades que es donde hay trabajo. Volvemos a los pisos de protección oficial.

Esa es la verdadera labor de un ayuntamiento: pensar a diez o quince años vista, al margen de los cambios políticos

Me arrepiento de haber escrito contra aquella M30 que Gallardón proyectó hace ya tantos años. No me equivoqué en la corrupción que podían generar pero sí en la utilidad que aquella gran inversión iba a tener. Por eso, cuando ahora oigo hablar de mega proyectos -Ciudades de la Justicia, o el Puerto de la Torre en Málaga, u operaciones como Chamartín o el nuevo puerto de Barcelona- pienso que esa es la verdadera labor de un ayuntamiento: pensar a diez o quince años vista, al margen de los cambios políticos. Me dirán que para eso hace falta un consenso, y es evidente. Pero el que lo consiga ganará el futuro. También a sus ciudadanos.

Y los datos. En Madrid, según reconocen varias consultoras, hacen falta más de 100.000 pisos en los próximos años. En Barcelona el metro cuadrado edificable se ha multiplicado en los últimos diez años en más del 100%. Y el Banco de España -que tampoco es sospecho de apoyar burbujas- reconocía a finales de abril que la creación de hogares en España superaba en mucho la construcción de casas nuevas. ¿Y por qué no se construye más se preguntarán? Pues porque las trabas legales siguen dificultando el crecimiento de un sector. Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han pugnado por un garantismo -a veces vestido de ecologismo, y otras veces de pura especulación- que nos ha conducido donde estamos.

A veces nos sorprendemos -y es noticia de esta semana- que la gestora británica Cinven compre por 2.900 millones el 70% del portal inmobiliario Idealista, en una de las mayores operaciones corporativas de 2024. Y no es para sorprenderse. Como tampoco extraña que las grandes constructoras ACS, Acciona, OHLA, Azvi y Rover, hayan unido esfuerzos para compartir una super obra como la Ciudad de la Justicia que ocupará en Madrid 470.000 metros cuadrados y superará los 683 millones de euros.

Me dirán que el proyecto va a ser otro lío. Pero la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha dividido el contrato en dos lotes. Uno integrado por OHLA, Azvi y Rover. Y el segundo por ACS y Acciona que duplica en presupuesto al primero. Las obras, que tienen previsto arrancar en 2025 serán en Valdebebas e incluirán 26 edificios.

Naturalmente, este proyecto no es el único en el que están concursando las grandes empresas españolas -todas por cierto están en el ajo- pero sí en el que la transparencia, recursos y presupuestos están a la orden del día. Y he de reconocer que me sorprende esta vitalidad de las comunidades y ayuntamientos comparada con la que vemos entre el Gobierno, que sigue enredado en proyectos que no van a ningún lado.

Dejando al margen la tontuna de la UGT de que las «relaciones personales» entre sindicatos, patronal y Gobierno son magníficas, cabría preguntarse por las razones de fondo para no consensuar cuestiones de sentido común mucho más complicadas que la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Me dirán que en este caso han negociado otros. Pues sí. Pero quizá ha llegado también el tiempo de que si la ministra de Trabajo no es capaz de desbloquear una negociación sobre la jornada laboral, y se empeña en meter a Conpymes o Pimec con una representación que no tienen, venga un nuevo negociador. O mejor aún: que no venga ninguno y dejen negociar a patronal y sindicatos como en otras ocasiones. Todo sería mucho más fácil y satisfactorio para todos.