El truco tras el consorcio fiscal que permitiría a Cataluña reducir su aportación al resto de España

La ruptura de la Agencia Tributaria está un paso más cerca. El Gobierno ya admite que está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat, como reconocieron este jueves fuentes del Ejecutivo a Ep, en el marco de las negociaciones de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

El propio Illa ya dejó caer la creación de dicho organismo durante la campaña electoral catalana, que recibiría la tarea de recaudar el 100 % de los impuestos en esta comunidad. El punto de partida podría ser la actual Agencia Tributaria de Cataluña, que en la actualidad apenas gestiona una parte mínima de los tributos que se recaudan en la comunidad, que ronda el 9 %.

«Moneda de cambio»

De materializarse el acuerdo entre PSOE-PSC y ERC, el nuevo consorcio pasaría a asumir el 20 % de la recaudación que actualmente gestiona la Agencia Tributaria, unos 50.000 millones de euros, materializándose así el temor que, desde el pasado mes de octubre, llevan verbalizando los Inspectores de Hacienda a través de la asociación IHE. «Es una moneda de cambio que siempre ha estado ahí», afirmaban entonces.

En las últimas semanas, la cada vez más cercana fractura del fisco ha encendido las alarmas de distintos expertos. «Si partimos la Agencia Tributaria habrá mucho más fraude y será mucho más caro luchar contra él», valoraba por ejemplo Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, quién no dudó en calificar una hipotética partición de «auténtico disparate», durante un coloquio con medios de comunicación.

Los socialistas y ERC se amparan en el artículo 204 del Estatut. «La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos del Estado recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo», señalaba el documento, modificada posteriormente por el Congreso de los Diputados y tumbado por el Constitucional.

A entender de los inspectores de Hacienda, no obstante, «ni siquiera el Estatut llegó a amparar la cesión del 100 % de los impuestos a Cataluña». En un reciente documento, desde IHE recordaban que la Constitución, en su artículo 157, establece que las comunidades autónomas «no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios».

El Gobierno solo necesita el voto a favor de una comunidad autónoma para validar un modelo de financiación singular de Cataluña, dado que Hacienda dispone de la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora bien, una reforma del sistema de financiación autonómico debería habilitarse a través de una ley orgánica que requiere de la aprobación tanto del Congreso como del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Tampoco estaría exenta de un posterior recurso al Constitucional, dado que numerosas comunidades autónomas se han pronunciado ya en contra de un trato de favor a Cataluña.

El truco de la propuesta es que el consorcio es de gestión mixta entre el Estado y la Generalitat, pero luego se negociaría un cupo que dejaría en manos de Cataluña la mayor parte de la cuantía recaudada. De ahí las suspicacias de otras autonomías, dado que si la Generalitat asume un porcentaje mayor de los ingresos tributarios, ello sería a costa de que otras regiones lo perdieran, lo que dañaría la prestación de servicios básicos esenciales y generaría, según diversos expertos, una España a dos velocidades –incluso a tres, habida cuenta del régimen propio de País Vasco y Navarra–.

Cabe recordar que en la actualidad Cataluña es, junto con Madrid y Baleares, la única región aportante neta al fondo de financiación de las autonomías de régimen común. El propio expresidente catalán Pere Aragonès, no obstante, destapó durante una visita a Madrid en marzo que dicha aportación sería «temporal» mientras el Estado «adelgaza» su estructura para acomodarse a la llegada de un menor número de recursos.

«Da igual, por tanto, que se llame cupo, aportación o consorcio, como algunos actores implicados en la potencial negociación han propuesto; todo ello es lo mismo: insolidaridad e impedimento para la competencia fiscal», sentenciaba al respecto un reciente informe del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.

Para la implementación de un régimen singular en alguna de las quince regiones de régimen común debería ser reformado dicho sistema de régimen común para todas las comunidades, que supondría ir a un federalismo fiscal. Esto implicaría mayor corresponsabilidad fiscal, muy lejos de lo que buscan los impulsores de la «financiación singular» de Cataluña, concluían los expertos del gabinete que dirige José María Rotellar.