Los pisos turísticos, el chivo expiatorio de una ley de vivienda que nos lleva al desastre

Pocos debates generan tanta confusión como el de la prohibición de los pisos turísticos. Hasta el punto de poner de acuerdo a intervencionistas y supuestos liberales en que ha llegado la hora de limitar un fenómeno que está generando problemas de convivencia en muchos vecindarios. La primera reflexión es que no sabemos realmente cuántas viviendas de este tipo existen en España, dada la proliferación de inmuebles dedicados a tal uso sin la correspondiente licencia.

Con eso y con todo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora desde 2020 una medición experimental que apunta a un incremento del 22,9 % en los dos últimos años hasta 351.389 pisos turísticos a cierre de febrero. Nos hallamos ante la cifra más elevada de la breve serie histórica y ante el 1,33 % del parque total de vivienda en España. ¡El 1,33 %!

Así que, por muchos alojamientos ilegales que puedan existir, sonroja escuchar que los alquileres de corta estancia son los culpables de que los de larga duración estén disparados. Como si la nefasta ley de vivienda no hubiera contribuido a ello al restringir la oferta consiguiendo justamente lo contrario de lo que se pretendía.

La inseguridad jurídica y los topes de precios han hecho que muchos propietarios opten por pasar del alquiler de larga estancia al vacacional

Porque la inseguridad jurídica y la posibilidad de que se establezcan zonas con topes de precios, ha hecho que muchos propietarios opten por pasar del alquiler de larga estancia al vacacional. O por retirar directamente sus pisos del mercado. En esas estamos trece meses después de la entrada en vigor de la norma que Sánchez permitió presentar a Bildu y ERC para que se colgaran la medalla. Y no aprendemos.

He ahí el caso de Nueva York, donde la prohibición de este tipo de alojamientos por un plazo inferior a un mes, lo único que ha conseguido es trasladar el producto al mercado negro. Ni se han resuelto los problemas de oferta ni se ha controlado la subida de los precios. El alcalde de los neoyorquinos, Eric Adams, hizo un pan como unas tortas declarando la guerra a Airbnb.

Aquí en España, fue el socialista Jaume Collboni el que tiró la primera piedra anunciando que acabará con todos los pisos turísticos de Barcelona para 2029. Su radical decisión pasa por que las 10.000 licencias que decaerán hasta ese momento, vayan ampliando progresivamente una oferta de alquiler de vivienda habitual que hoy está muy mermada en casi todas las grandes ciudades, pero de forma particularmente grave en la Ciudad Condal. La culpa la tienen las políticas de Ada Colau, que afrontó el problema de la vivienda desde el sectarismo ideológico y sin ningún rigor técnico, como vino a confirmar el Tribunal Supremo con su sentencia.

Los expertos adelantan que el espejismo de Collboni durará con suerte unas semanas

Y ahora sale Collboni con la proscripción de los alojamientos turísticos cuando el parque de pisos en alquiler de Barcelona supera las 300.000 unidades. ¿Cree alguien con dos dedos de frente que sumándole 10.000 cambiarán mucho las cosas? Los expertos adelantan que el espejismo durará con suerte unas semanas. Hasta que se consuma el stock y nada más.

La ministra de Vivienda podía haberse desmarcado de la ocurrencia, pero ha decidido seguir sus pasos. De forma más suave por el momento, eso sí, Isabel Rodríguez plantea cambiar la ley de propiedad horizontal para que los vecinos tengan poder de decisión sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas. Y también prepara un real decreto para modificar la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y obligar a los usuarios a acreditar la razón del alquiler al formalizar el contrato.

La buena noticia es que la ministra no ha sido capaz de concretar cuándo tendrá listo el registro llamado a poner coto a «los alquileres de corta duración, temporales, turísticos, de habitaciones y de embarcaciones flotantes destinadas a vivienda». Todo eso. Ya se sabe que este Gobierno es de anuncio rápido y de ejecución lenta.

Con un peso que ronda ya el 13 % del PIB, el turismo representa uno de los principales activos económicos de España si no el principal. Resulta imprescindible establecer una regulación clara que no ahogue el dinamismo del sector. La proliferación de pisos turísticos es un fenómeno que hay que analizar y controlar, pero las limitaciones no servirán de nada si no van acompañadas de inspecciones que pongan coto a la oferta ilegal.

La restricción o prohibición del alquiler turístico no solucionará el problema de acceso a la vivienda

Y que nadie piense, desde luego, que la restricción o prohibición de esta actividad solucionará el problema de acceso a la vivienda, que ha empeorado desde que entró en vigor la ley que pone topes a las rentas y protege a los okupas.

¿Dónde están, por cierto, los 183.000 pisos asequibles que prometió Pedro Sánchez en las sucesivas campañas electorales? El anuncio, una vez más, se quedó en humo y propaganda.

Según el Banco de España, dos de cada cinco inquilinos destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler. Eso impide que los jóvenes puedan emanciparse y que decenas de miles de familias puedan vivir en un hogar digno. Para solucionarlo es fundamental garantizar la seguridad jurídica e incentivar a los propietarios. El Gobierno, en cambio, apuesta por medidas que demonizan al arrendador y restringen el mercado. Y así nos va.