La mala gestión de los fondos europeos: se está perdiendo la oportunidad y nadie quiere hacerse cargo

Pedro Sánchez ha basado su política económica en un incremento desmedido del gasto público, aprovechando que las reglas fiscales han estado suspendidas cuatro ejercicios (2020, 2021, 2022 y 2023), que el BCE respalda, indirectamente, las emisiones de deuda y que ha recibido miles de millones de euros de fondos europeos para la recuperación.

Esos fondos europeos han sido de importe cuantioso dado que España ha sido uno de los mayores receptores. Además, cuanto peor iba su economía más fondos recibía para conseguir reducir ese diferencial, tal y como marcaba el programa de fondos. Pero no han sido bien gestionados en España.

El problema de la gestión radica en varios aspectos. Primero, en lugar de seleccionar verdaderos proyectos de inversión empresarial, en muchos casos se han troceado entre las CC. AA., lo que hace que la inversión pierda el poder de las economías de escala y no puedan conseguir el efecto tractor sobre la economía que se pretendía.

En segundo lugar, la ejecución del mismo es muy pobre, y eso que lo transferido a las CC. AA. cuenta como ejecutado por la Administración General del Estado al realizar la transferencia, pero la realidad es bien distinta. Como señalaba el otro día en El Debate Unai Mezcua, el desembolso sobre los créditos presupuestarios es muy baja, llegando, en el acumulado a mayo, a sólo el 2,5 % de los mismos, una cuarta parte de lo desembolsado en el mismo período de los dos ejercicios anteriores, ya bajo de por sí.

Adicionalmente, gran parte de esas inversiones no han ido al sector productivo privado, sino al sector público empresarial, como Renfe o Adif, entre otras compañías públicas. Esto tiene dos problemas: por una parte, la eficiencia y productividad del sector público empresarial es menor que la del sector privado, con lo que el efecto multiplicador sobre el total de la economía es mucho menor.

En segundo lugar, esos fondos de recuperación estaban diseñados para que las empresas privadas tuviesen una ayuda en la inversión inicial, para que, después, con la propia actividad que fuese generando dicha inversión pudiesen mantenerla e incrementarla en el tiempo. Como la mayoría ha ido la sector público, el mantenimiento de la inversión habrá de ser sufragado por fondos públicos cuando ya no se reciba la financiación europea. Esto provocará un incremento estructural de gasto y, con ello, una elevación del preocupante déficit estructural español, que camina hacia el 4 % del PIB y que tanto inquieta a la Comisión Europea.

Todo ello, además, en un contexto de parálisis en la gestión de los fondos, que hace que su ejecución no sea buena y que se esté perdiendo una oportunidad para invertir adecuadamente estos recursos, que podrían modernizar la economía y que pueden irse por el sumidero dada la incompetencia en la gestión diseñada por el Gobierno.

No es de extrañar que tantos responsables de dichos fondos hayan dimitido, pues el caos del Ministerio de Hacienda es un hecho y nadie quiere quedarse en el puesto responsable de los fondos por el descontrol existente a la hora de poder ejecutarlos.

Si de los 163.000 millones de euros asignados a España no se aprovecha una gran parte, será catastrófico

Si de los 163.000 millones de euros asignados a España (la mitad, en forma de préstamo), no se aprovecha una gran parte, el resultado será catastrófico. Parece que hay un intento para que lleguen a las pymes a través de la banca movilizando 30.000 millones de euros en préstamos, pero la idea original de los fondos de recuperación era más estructural que del día a día. Si ya el espacio temporal marcado para la ejecución era escaso, si se pierde el tiempo no van a servir de mucho.

Más valdría que hubiesen aprovechado parte de los fondos para bajar la fiscalidad de manera estructural, que es otra manera de incentivar la inversión, pero bajar impuestos es anatema para este Gobierno, que se envuelve del dogmatismo y prefiere que los fondos no se ejecuten a bajar los tributos para impulsar la inversión.

En definitiva, la gestión de los fondos europeos es un desastre más de la gestión de la política económica por parte del Gobierno, que es una política de parches y del corto plazo, pero que posterga las grandes reformas estructurales que precisa la economía, porque no piensa en el largo plazo, sino en lo que en el corto le puede suponer un rédito político, empobreciendo, así, las posibilidades de crecimiento de la economía española.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria