La ministra de Hacienda María Jesús Montero
Reunión del CPFF
Cataluña exige al Gobierno un trato privilegiado y el poder autonómico del PP se planta: «Es un agravio»
Las comunidades «populares» piden una reforma del sistema de financiación pero «sin privilegios» y con «multilateralidad» y no bilateralidad
Madrid cifra en hasta 1.500 millones el impacto de una financiación privilegiada para la Generalitat
Frente común de las comunidades autónomas del Partido Popular en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) contra el «agravio» de un cupo para Cataluña. Los consejeros de Economía y Hacienda de las 14 regiones y ciudades autónomas gobernadas por el PP se han pronunciado en contra de un modelo de financiación que privilegie a la Generalitat porque supondría, según han afirmado, detraer recursos para la prestación de servicios básicos en el resto de autonomías.
Los consejeros han llegado a la cita tras recibir un correo electrónico, por parte de la Generalitat, con la propuesta de financiación propia que ERC presentó el pasado mes de marzo. «Cualquier privilegio a Cataluña es un agravio», ha afirmado la consejera andaluza de Economía, Carolina España, a su entrada a la reunión. De aplicarse «habrá menos médicos, profesores y dependencia para Andalucía. No podemos seguir financiando los privilegios del independentismo», ha añadido. «No vamos a aceptar migajas», ha apuntado por su parte el consejero murciano, Luis Alberto Marín.
Los consejeros han coincidido en defender una reforma del actual sistema de financiación, pero de manera «multilateral» y no bilateral, y han exigido a Montero que presente una propuesta por escrito, como ella misma reclamaba cuando era consejera de la Junta de Andalucía. «Se nos prometió para 2022 y lo único que se nos entrego, a finales de 2021, fue un informe sobre el criterio de población ajustada», ha afirmado España.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha recordado que la Constitución no recoge la posibilidad de establecer un modelo de cupo para Cataluña, que «rompería la solidaridad» y costaría a los madrileños «entre 300 y 1.500 millones», según sus cálculos, «para que nuestro presidente siga en Moncloa con los votos del independentismo».
A diferencia de años anteriores, en los que los consejeros catalanes evitaban acudir, en esta ocasión la comunidad ha estado representada por Natalia Màs. Màs ha defendido la aplicación de un modelo similar al cupo para Cataluña, después de que en marzo ERC presentara un plan para recaudar el 100 % de los impuestos. Hasta ahora, el Ejecutivo se ha abierto a explorar la creación de una Agencia Tributaria de gestión conjunta entre el Estado y la Generalitat.