Los centros de datos alegan contra Ribera y cifran en 53.000 millones la necesidad de inversión en redes hasta 2030

Spain DC, la Asociación Española de Data Centers, ha presentado un escrito de alegaciones a la modificación del límite de inversiones en redes de transporte y distribución de electricidad que fija el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, poniendo el foco en la necesidad de aumentar esta inversión para no poner en riesgo el proceso de transformación digital del país.

Para la patronal, España tiene la oportunidad de convertirse en el hub de interconexión del sur de Europa, pero este potencial no puede alcanzarse sin la inversión necesaria en redes de electricidad que faciliten la capacidad suficiente para garantizar las inversiones.

Según señala el escrito, la inversión en los últimos lustros ha sido claramente insuficiente, provocando un déficit de infraestructuras de transporte de electricidad y dejando la dotación de España muy por debajo de los países de su entorno. El crecimiento vegetativo de la red ya era insuficiente, sin tener en consideración las nuevas industrias y transformaciones por lo que en estos momentos nos encontramos ante una situación de atraso acumulado.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) sitúa el ratio normal de inversión en redes frente a la nueva capacidad renovable en 0,7 millones de euros por MW hasta 2030, mientras que en España ese ratio es solo de 0,45 millones de euros por MW.

En este sentido, para mantener la competitividad frente a otros países y asegurar la transición energética, España necesita una inversión acumulada en redes eléctricas de aproximadamente 53.000 millones de euros hasta 2030. La IEA recomienda duplicar la inversión hasta 2040 para cumplir con los objetivos climáticos y garantizar la seguridad del suministro. Desde Spain DC se estima que será necesaria una inversión de 6.625 millones de euros al año en el periodo 2024-2030 y de 5.300 entre el 2031 y 2024.

Según Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC «El desarrollo del proceso de digitalización y descarbonización de la economía, el aumento del intercambio de información y el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento con valor añadido precisan de una red sólida de centros de datos en España. Sin una red adecuada que conecte la nueva producción de electricidad con la demanda, existe el riesgo de que la digitalización y la transición hacia energías limpias se estanque».

Según Spain DC el efecto captura de actividad económica del sector de los centros de datos, donde se recoge la digitalización y el aumento de competitividad de las empresas en España, y el aumento del gasto de los hogares, tiene un impacto de 42.800 millones de euros, con una creación de empleo que se estima en 23, 6 empleos anuales por cada MW durante la fase de inversión inicial y un impacto en la recaudación fiscal de 430.000 euros por cada MW durante la construcción y urbanización, recaudación que continuará (impacto duradero) durante los años siguientes de operación.

Para no poner en riesgo este impacto económico, desde la Asociación se reclama, por un lado, nuevas infraestructuras digitales con dimensión suficiente, capacidad modular de crecimiento, estándares máximos de conectividad, mínimos riesgos constructivos y sísmicos y, por otro, acceso a electricidad, con capacidad de transporte desde el lugar de generación hasta las localizaciones donde se encuentran los hubs de hiperconectividad.

El escrito de alegaciones de Spain DC añade que la sola derogación de los límites a la inversión no resolverá el déficit de infraestructuras y pide hacer esfuerzos para lograr recuperar el tiempo perdido en el desarrollo de las redes necesarias para la sociedad del conocimiento. Por ello insta a mejorar los procesos de acceso y conexión tanto a transporte como a distribución con una planificación que rinda cuenta de los retrasos o impedimentos que se padezcan.

El Real Decreto 1048 / 2013 fija los límites en el 0,065 % del PIB en la red de transporte y del 0,13 % del PIB en la red de distribución (aumentado al 0,14 % en 2020-2022 para compensar la caída producida durante la pandemia), que posteriormente se distribuyen en límites específicos para cada empresa. En números redondos, fueron unos 2.750 millones de euros para el ejercicio de 2023, retribuibles a partir de 2025 en un período de 40 años, según estimaciones de Fedea.