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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a la consejera de Economía de Cataluña, Natalia MásEFE

Montero acelera la condonación de la deuda a Cataluña y avisa al resto: «Si no la quieren, que no la pidan»

Hacienda mantendrá reuniones «técnicas» con las CC. AA. en las próximas semanas para concretar cómo será este proceso

El Gobierno ha convocado, en las próximas semanas, a las comunidades autónomas de régimen común para abordar el método y el porcentaje para asumir una parte de su endeudamiento. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelanta que esta quita se producirá de manera «rápida».

PSOE y ERC pactaron, en noviembre, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a la Generalitat, la región que con diferencia más endeudada está con el Estado. La propia consejera catalana de Economía y Hacienda en funciones, la republicana Natalia Màs, aseguró tras la reunión que el Departamento de Economía ya está haciendo «trabajos técnicos» con Hacienda y que mantendrán una reunión al respecto «en los próximos días».

El Gobierno ha abierto la posibilidad de que otras regiones, además de Cataluña, se sumen al mecanismo, algo que según reconoció Montero, supondrá un «gran esfuerzo». Y es que el Estado es acreedor de casi 200.000 millones de todas las comunidades de régimen común salvo Madrid. «Dará importantes ahorros a las autonomías que lo soliciten en intereses en sus préstamos. Pero si alguna comunidad autónoma no lo quiere, no tiene más que pedirlo. No es una imposición», aseguró ayer, visiblemente molesta, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En la cita, de cuatro horas de duración, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, cuestionó que el Gobierno no tenga aún clara la metodología pese a haber sido capaz de concretar la cuantía de la reducción de la deuda para Cataluña. Algo que no ha hecho con el resto de regiones.

Tanto Castilla La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, como las catorce comunidades y ciudades gobernadas por el Partido Popular, e incluso Cataluña, coincidieron en exigir a Montero una reforma del sistema de financiación. Algo a lo que la vicepresidenta se cerró en banda, al considerar que el CPFF no es el órgano adecuado para tratarla. «Son normas que se aprueban en las Cortes Generales, no se aprueban en el CPFF», aseguró Montero.

El PSOE quiere que la reforma del sistema de financiación se aborde entre Pedro Sánchez y Feijóo y no desde las comunidades autónomas

A juicio de la vicepresidenta la reforma debe tratarse directamente entre Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. «Es más fácil que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE en Andalucía que Andalucía con Madrid, aunque ambas tengan gobiernos del PP», afirmó. Una visión con la que chocan frontalmente las comunidades populares, que llegaron a considerar la reunión «estéril y baldía», en palabras del consejero de Economía, Hacienda y Empresa de Murcia, Luis Alberto Marín. «Ha sido muy poco fructífera», coincidió la consejera madrileña, Rocío Albert.

«La vicepresidenta no ha presentado ninguna propuesta, se ha limitado a decir que primero nos pongamos nosotros de acuerdo cuando le compete a ella como presidenta del CPFF», aseguró Albert. Quién sí valoró de forma positiva la reunión fue la catalana Natalia Màs, quién aprovechó para explicar ante Montero y los consejeros del resto de autonomías su propuesta de financiación singular para Cataluña que, según ella, «no va en contra de ningún territorio».

«Es básicamente un cupo», detallaron otras fuentes presentes en la reunión. «Implica romper el sistema y acabar con la igualdad», aseguró la valenciana Ruth Merino. «Supone romper el modelo común y se basa en el chantaje para conseguir la gobernabilidad», subrayó el manchego Ruiz Molina.

Cheque récord para las autonomías

Sin dar margen para abordar la financiación, lo que sí otorgó Montero a las comunidades fue la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1 % en 2025, 2026 y 2027, frente a la anterior obligación de superávit del 0,1 % en 2025 y 2026. Además, ha confirmado a las regiones que recibirán en 2025 un total de 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 9,5 % más que en el anterior ejercicio, que ya fue récord. Estas transferencias son los recursos que el Estado adelanta a las regiones para hacer frente a sus gastos propios.

La senda vigente hasta ahora contemplaba que las comunidades autónomas deberían registrar un superávit del 0,1 % en 2025 y 2026. En cambio, la nueva senda de estabilidad comunicada hoy contempla un objetivo de déficit del -0,1 % durante los tres próximos ejercicios. Ello implica que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más de margen fiscal. Según los propios cálculos de Hacienda, cada décima equivale aproximadamente a unos 1.500 millones de euros.

Presupuestos con el Senado maniatado

Este martes, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico, que elevará al 2,5 % la previsión de crecimiento para este año y situará en principio por encima del 2 % la estimación para 2025, como adelantó este domingo el ministro Carlos Cuerpo en una entrevista a El País.

Además, dará luz verde al techo de gasto, lo que supone el primer paso en la senda de aprobación de los Presupuestos para 2025. Ello después de que Sánchez optara por retirar el proyecto de cuentas para 2024 ante la convocatoria electoral en Cataluña y después de que el Senado, con mayoría absoluta del PP, tumbara precisamente dicho techo de gasto, gracias a una competencia ahora cercenada mediante una enmienda añadida a última hora a la Ley de Paridad.