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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.EFE

Trabajo ofrece «todo 2025» para reducir la jornada a cambio de impedir «los emails a las 5 de la madrugada»

El Gobierno dará de margen, al menos hasta 2025, para que las empresas puedan reducir «de manera progresiva y paulatina» la jornada laboral

La negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha entrado en «bucle», tal y como han asegurado los sindicatos, CCOO y UGT, tras la reunión que ha tenido lugar esta mañana.

En este nuevo encuentro se ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de que las empresas puedan reducir «de manera progresiva y paulatina» su jornada laboral hasta las 37,5 horas. «Las empresas tendrán todo 2025 para incorporarse a ella», ha aclarado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Aunque ha evitado aclarar cuál es el margen concreto que se dará. «Eso es algo que veremos en la próxima reunión del lunes 29 de julio», ha añadido.

También se ha hablado sobre la posibilidad de incorporar mecanismos que «permitan a las empresas cierta flexibilidad a la hora de repartir el tiempo de trabajo. Introduciendo más permisos adicionales, más vacaciones u otro tipo de medidas». Aunque en ningún caso se va a llevar a cabo «una reducción de jornada fake, porque no es trabajar en concepto de horas extraordinarias lo que se trabajaba en concepto de ordinaria».

En tercer lugar, se ha discutido sobre el derecho a la desconexión digital. Un aspecto que ya está reflejado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, aunque se quiere profundizar en él porque considera que no se está respetando. «No vale de nada reducir la jornada a alguien que va a recibir llamadas de su jefe a las 12 de la noche o correos electrónicos a las 5 de la madrugada», ha incidido el secretario de Estado de Trabajo.

Dos de estos tres aspectos ya se habían tratado en la reunión del pasado lunes 8 de julio, algo que no ha contentado a los sindicatos, que consideran que «no se ha concretado mucho en esta reunión». Los negociadores de CCOO y UGT temen que la entrada en vigor se dilate.

«Aceptamos un periodo de adaptación, pero un aplazamiento no», ha asegurado Fernando Luján, el vicesecretario general de UGT. Por lo que «si no se avanza en la reunión del próximo 29, convocaremos movilizaciones para primeros de septiembre», ha amenazado Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras.

La gran distribución avisa

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que cuenta entre sus asociados con El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Tendam o Alcampo, ha señalado que una reducción lineal de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que no tenga en cuenta la vigencia del convenio pactado ocasionará un coste económico de 461 millones de euros a la distribución, según ha indicado en un comunicado.

Así, la patronal ha indicado que el coste laboral de sus empresas asociadas repuntará un 5,8% como consecuencia de la pérdida de más de 24,2 millones de horas de trabajo anuales, con lo que para el conjunto del comercio el coste económico rozará los 2.900 millones de euros y «agravará la brecha de productividad entre grandes y pequeñas empresas».

Cepyme, por su parte, cifra en 40.000 millones de euros el coste de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, entre costes directos e indirectos, y en poco menos de 9 millones los asalariados los que se verían afectados por esta medida que el Gobierno quiere impulsar.

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