Caos en el sector petrolífero: un «falso representante» da de baja a ocho empresas en plena operación salida

Extraño suceso en el sector de los operadores petrolíferos. Varias compañías, ocho según algunas fuentes, fueron excluidas el pasado lunes 15 de julio del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef). Lo hicieron sin haberlo solicitado ni pedido. Todos ellos han sido ya vueltos a dar de alta.

La exclusión del Redef impidió a estas compañías extraer carburante de los depósitos y surtirlo a las gasolineras a las que prestan servicio, en un momento además de muchos desplazamientos por la operación salida. La situación, denunciada por la recién creada Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (Aopyde), «ha generado un caos injustificadamente creado y supone una inseguridad jurídica grave en el mundo de los negocios».

Según esta asociación, que representa a entre el 15 % del mercado, con operadores como Viroque, Biovigo o Biomar, la expulsión del mercado se produjo porque un «falso representante» de las sociedades afectadas presentó una solicitud ante Hacienda. «Dadas las circunstancias, cualquier empresa puede ser expulsada del mercado por un procedimiento administrativo fraudulento, sin control de la administración», denuncian desde Aopyde.

Daño «de varios millones»

La asociación cifra en varios millones de euros el daño patrimonial causado a estas compañías. En un comunicado aseguran no explicarse cómo, en un mercado «de tan estricta regulación y perseguido sin tregua por estar bajo la sospecha constante de fraude, sea el mismo organismo regulador y supuesto garantista del correcto funcionamiento del sistema, quien caiga en semejante irregularidad, con todas las consecuencias que esto conlleva».

Desde la Agencia Tributaria afirmaron este miércoles a Efe que estaban requiriendo información a la persona bajo cuyo nombre se tramitaron las bajas y la entidad de la que era asociado. Según detallaron, para la realización de trámites con la Agencia Tributaria existe un sistema denominado de «colaboración social» que pueden utilizar gestores, asesores fiscales y administradores, entre otros, y la Administración tributaria mantiene convenios con asociaciones y colegios profesionales.

El abogado de las empresas afectadas, Carlos Babot, de Babot Aranguren, exige el refuerzo del procedimiento de solicitud de baja en el Redf a efectos de que esta situación no vuelva a producirse. «De no verificar la realidad y veracidad de las solicitudes de baja en el Registro de Extractores, esta situación podrá repetirse «más pronto que tarde», advierte, en un post en LinkedIn, en el que advierte que también se pondrá la situación en conocimiento de la CNMC «y el resto de organismos que se estime conveniente».

En las últimas semanas se han sucedido en el sector las acusaciones de fraude fiscal, en particular sobre el pago del IVA. Según una reciente estimación de AOP, CEEES y UPI el fraude en el sector afecta al 25 % de las ventas de combustible, al calor del fuerte incremento del precio de los carburantes registrado en los últimos años.

El fraude los carburantes afecta a hasta el 25 % de las ventas

El pasado mes de mayo, funcionarios de la Agencia Tributaria requirieron información a 400 gasolineras de 14 comunidades autónomas. Según recuerdan desde la AEAT, la reciente modificación de la legislación de hidrocarburos prohíbe desde el 28 de marzo pasado que los operadores al por mayor puedan vender a empresas que no sean otros mayoristas, o bien distribuidores de carburante al consumo, y también que los distribuidores minoristas vendan a otros minoristas o a mayoristas.

«Con ello se pretende evitar en gran medida la utilización de comercializadoras o intermediarios en la materialización y ocultación del fraude de IVA en el sector, que además del perjuicio evidente que supone para la Hacienda pública, implica una reducción de precios artificial e introduce competencia desleal en el sector», subraya el fisco.