La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Cambios en la indemnización por despido: ¿Qué va pasar tras el dictamen de Europa?
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha cuestionado el sistema de indemnización por despido en España, afirmando que no cumple con los estándares establecidos en el artículo 24 de la Carta Social Europea.
La resolución del CEDS, que se hará pública el próximo lunes 29 de julio, responde a una reclamación presentada por el sindicato UGT, en la que argumentaba que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre compensaban adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores, especialmente en aquellos casos en los que las relaciones laborales son cortas.
Actualmente, la indemnización por despido está limitada a los 33 días por año trabajado con un tope máximo de 24 meses, 45 en los contratos firmados antes de febrero de 2012. Según el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, las compensaciones medias por despido improcedente rondan los 9.000 euros. Una cuantía que desde el sindicato consideran injusta y que no disuade a las empresas.
Según ha comunicado UGT en una rueda de prensa este lunes, la resolución abre la puerta a una modificación legal de la normativa. Ellos piden eliminar el límite máximo de 24 mensualidades o «elevarlo significativamente», para así «asegurar que las indemnizaciones sean lo suficientemente disuasorias». También solicitan rebajar el tiempo mínimo para indemnizar al despedido, a 6 mensualidades. O reintroducir una regla histórica, como es la indemnización de 45 días por año de servicio.
Además de fijar esa indemnización «que sea plenamente resarcitoria», consideran que es necesario permitir a los tribunales laborales ajustar la compensación basada en los daños reales sufridos por los trabajadores, incluidos los daños morales y el impacto personal del despido. Y que se tenga en cuenta las distintas características personales, como es «la situación económica, si vive de alquiler, si tiene hijos o si es una persona vulnerable». Y creen que el coste del despido no debe ser conocido por el empresario.
Introducir salarios de tramitación para asegurar que los trabajadores no sufran pérdidas financieras durante el período de litigio
Por otra parte, piden introducir salarios de tramitación –aquellas cantidades que el trabajador deja de percibir mientras se encuentra en un proceso judicial y no se dicta una resolución oficial– para así «asegurar que los trabajadores no sufran pérdidas financieras durante el periodo de litigio». Al igual que consideran necesario implementar mecanismo para garantizar que las disputas de despido se resuelvan de manera oportuna, reduciendo los retrasos judiciales, y fomentar la reincorporación.
Alas a Yolanda Díaz
UGT asegura que esta resolución es vinculante. Aunque múltiples juristas aclaran que es solo una recomendación. «Corresponde a la soberanía jurisdiccional del Tribunal Supremo, seguir o no la decisión del CEDS, en este o en cualquier otro asunto, porque no existe norma internacional que establezca que sea una jurisprudencia vinculante», ha asegurado Jesús La Hera, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense, en una publicación de abril, de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando ya se empezó a hablar de esta resolución.
Lo que está claro es que esta resolución da alas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya ha anunciado que convocará a los sindicatos y empresarios para pactar cambios en la indemnización por despido en España. Aunque también ha señalado que los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla y ha asegurado que España es un país en el que el despido «no es un problema». «Lo digo con absoluto conocimiento», ha enfatizado.
Endurecer el despido es algo a lo que se comprometió la ministra de Trabajo en enero de 2024. Y durante este tiempo se ha hablado de que Trabajo podría incorporar un modelo «a lo portugués». Esto supondría volver a los 45 días por año trabajado e introducir también una indemnización mínima con independencia de la antigüedad y el salario. También quiere eliminar la causa de descenso de beneficios.
¿Es tan barato despedir?
Los sindicatos aseguran que es «muy barato despedir en nuestro país». Pero lo cierto, es que, según un estudio del Banco Mundial elaborado en 2015 –se toma como referencia porque desde entonces no se han producido grandes cambios legislativos–, el coste de la extinción de los contratos en nuestro país es de las más altas de toda la Unión Europea.
Según se refleja en este informe, un trabajador con 10 años de antigüedad cobraría 28,6 semanas de salario en España. Mientras que en Grecia recibiría 26, en Alemania 21,7 y en Irlanda 21.