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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Congreso

El Congreso decide si asesta un golpe económico a Sánchez al tumbar la rebaja al aceite y la subida salarial a funcionarios

El Pleno debe votar este martes la convalidación del último decreto anticrisis del Ejecutivo, que por ahora solo ha cosechado el apoyo de EH Bildu

Día clave en lo económico para Pedro Sánchez. El presidente medirá sus apoyos en el Congreso de los Diputados, que deberá decidir si convalida o deroga el decreto anticrisis que aprobó en junio el Ejecutivo. En juego están medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos.

El decreto también actualiza las entrega a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para 2024, de modo que las autonomías recibirán un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado, mientras que las entidades locales recibirán del Estado 28.557 millones, 5.260 más.

Además, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, se revaloriza un 2 % el salario de los empleados públicos, que incluye la posibilidad de otra subida adicional y consolidable del 0,5 % si la suma de la variación del dato de IPC adelantado de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años.

Otra de las medidas que se recogen en el decreto es la rebaja del IRPF para evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen ese impuesto. El año pasado ya se elevó este umbral mínimo para practicar retenciones de 14.000 a 15.000 euros y ahora se ha vuelto a incrementar hasta los 15.876 euros, según recoge Ep.

El decreto también amplía el plazo de vigencia del programa de apoyo para la movilidad eléctrica MOVES III hasta el 31 de diciembre, para que las comunidades autónomas puedan seguir distribuyendo ayudas. A esto se suman cambios en el Impuesto de Sociedades para promover incentivos la inversión en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga, con ayudas por importe de 626 millones de euros.

También se prorrogan las medidas de flexibilidad a la hora de modificar la potencia eléctrica contratada en un mismo ejercicio hasta el 31 de diciembre y se mantiene hasta final de año la reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva.

Por ahora, tan solo EH Bildu ha garantizado su apoyo al Ejecutivo. El socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha trasladado que estaba manteniendo conversaciones con el PSOE para que las medidas que incluye el decreto sean permanentes y no se produzca ningún recorte. En concreto, el grupo plurinacional quiere que las ayudas al transporte público ahora vigentes sean estructurales.

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) está más cerca del sí, ya que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que estaba manteniendo negociaciones con el Gobierno para poder apoyar el texto, que los catalanes quieren que «sea realmente un decreto que ayude a la gente».

En el otro lado, Vox dijo que el decreto que desembarcará en la Carrera de San Jerónimo este martes es un «parche» para maquillar la situación económica en verano, al eliminarse el 30 de septiembre la supresión del IVA del aceite de oliva.

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