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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las vicepresidentas primera y segunda del Ejecutivo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las vicepresidentas primera y segunda del Ejecutivo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz

Junts complica los Presupuestos y la legislatura de Sánchez al tumbar la senda de déficit

El partido de Puigdemont exige más inversiones en Cataluña un día después del último traspaso, de 1.500 millones, fundamentalmente con destino a las Cercanías catalanas

Junts pone cuesta arriba a Pedro Sánchez aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, asestando, de paso, un duro golpe a la legislatura. El partido de Carles Puigdemont ha oficializado este martes su rechazo a la senda de déficit aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, considerada el primer paso para la aprobación de unas nuevas cuentas que María Jesús Montero confiaba tener listas «en tiempo y forma», es decir, a la vuelta del verano. Ahora, como mínimo, se retrasarán sensiblemente.

Junts justifica su rechazo en que ven insuficientes las inversiones del Estado en Cataluña. No les ha bastado ni la promesa de condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat ni tampoco la aceptación, por parte de los socialistas, de poner en marcha un consorcio tributario para Cataluña participado por el Gobierno autonómico. Ni siquiera el último traspaso, de más de 1.500 millones de euros a la Generalitat, acordado ayer con Hacienda, en su mayoría destinado a las Cercanías catalanas.

El golpe a la senda de déficit llega además después de que el Gobierno hubiera renunciara además a elaborar unos Presupuestos para 2024. Algo que justificó en la convocatoria electoral en Cataluña, pero que se produjo también después de que el Senado, con mayoría absoluta del PP, hubiera tumbado los anteriores objetivos de déficit. Precisamente, en la misma sesión parlamentaria, el Congreso había oficializado la retirada de dicha capacidad a la Cámara Alta, a través de una enmienda introducida con calzador en la ley de paridad.

Viaje a Barcelona e investidura de Illa

«Esto no paraliza el proceso, sino que volvemos a la senda anterior. Pero esto a lo mejor implica pegarse un tiro en el pie porque es mucho menos generosa para las comunidades autónomas, entes sociales y Seguridad Social», había anticipado durante su intervención Carlos Martin Urriza, portavoz de Sumar.

El portazo de los posconvergentes llega además un día antes de que el propio Sánchez se desplace a Barcelona para reunirse con el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, en plenas negociaciones entre PSC y ERC para tratar de desbloquear la investidura como presidente de Salvador Illa.

El Gobierno deberá ahora aprobar una nueva senda en Consejo de Ministros para su posterior remisión al Congreso y, si resulta aprobada, al Senado. En caso de ser rechazada por la Cámara Alta, tendrá que volver al Congreso para que levante el veto, donde ahí ya sí, en caso de visto bueno por parte de la Cámara Baja, saldría adelante, al contrario de lo que hubiera ocurrido con las Cuentas de 2024 dado que, como consecuencia de la pandemia, se produjo una suerte de vacío legal que Hacienda trató de llenar con lo que la oposición tildó de «informe fantasma».

La senda aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros fija un objetivo del 2,5 % en 2025; en el 2,1 % en 2026 y del 1,8 % en 2027. Además, Montero ha informado al Congreso sobre el límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, que alcanzará un nuevo nivel récord al situarse en 195.353 millones sin computar fondos europeos, un 3,2 % más.

En el pleno el Gobierno sí ha logrado sacar adelante otra prórroga de las medidas anticrisis, la novena. El apoyo de Podemos in extremis, a cambio de prorrogar el bono social eléctrico hasta el 31 de diciembre ha sido clave para evitar que decayeran medidas como el IVA al 0 % para el aceite de oliva o la subida salarial del 2,5 % a los funcionarios, aunque no sin críticas por parte de la oposición por el abuso del Real Decreto, previsto únicamente para medidas de excepcional urgencia.

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