Descoordinación, retrasos y fondos sin gastar: varapalo del Tribunal de Cuentas a las políticas de vivienda

Sonoro toque de atención el Tribunal de Cuentas a las políticas de vivienda. En su Informe de fiscalización del plan de vivienda 2018 - 2021 el órgano presidido por Enriqueta Chicano detecta una grave falta de coordinación entre administraciones, importantes retrasos en algunas partidas y fallos de diseño como la falta de un sistema de objetivos que permitiera evaluar la efectividad del programa.

En el documento, aprobado en pleno el pasado 24 de julio, el tribunal denuncia la «desconexión» existente entre la principal estrategia en materia de vivienda y otras estrategias, como la de Desarrollo Sostenible, el Plan de Recuperación o la Agenda Urbana Existente, algo que, destaca, «se mantiene en la actualidad con el vigente Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022 - 2025».

Pero la principal descoordinación que detecta el TCU es con las comunidades autónomas, que son precisamente las que tienen en exclusiva las competencias en materia de vivienda (la Constitución reserva al Estado le corresponde establecer las directrices globales y la posibilidad de articular ayudas complementarias para reforzar a las CC.AA. con cargo a su propio presupuesto), los ayuntamientos y el denominado Tercer Sector.

La coordinación es insuficiente y hay obstáculos que impiden optimizar la coherencia del plan

«La coordinación es insuficiente (...) hay un conjunto de obstáculos que impiden optimizar la coherencia del plan y propicia la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda en las diferentes CC.AA., incrementando con ello el riesgo de que se produzcan desigualdades», advierte en su informe.

Programas «con nula o escasa acogida»

Cita además numerosos ejemplos de esta falta de coordinación, como que la Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo no hubiera celebrado ni una reunión en los años previos a la entrada en vigor del plan; que no existiera un procedimiento participativo para que las autonomías canalizaran sus discrepancias y plantearan posibles objeciones; que no se constituyera un grupo de trabajo específico o que el Ministerio de Transportes –que tenía las competencias en anteriores legislaturas– no hubiera efectuado un análisis que le permitiera conocer el impacto de las medidas implementada por las autonomías o los Ayuntamientos.

En este sentido, un ejemplo particularmente sangrante es el referido a los programas estatales dirigidos a víctimas de violencia de género, desahucio, mayores o con discapacidad. «Tuvieron nula o escasa acogida por parte de las CC.AA. sin que el Ministerio disponga de información sobre si estas dieron cobertura a las necesidades de estos colectivos con su propio presupuesto, con el consiguiente riesgo de que los objetivos asociados a dichos programas no se cumplieran.

El documento revela además retrasos en la concesión y pago de las ayudas, lo que ha impedido, afirma el TCU, cumplir con el fin último del plan: que las ayudas llegaran a los beneficiarios vulnerables de forma rápida y eficiente.

Además, denuncia que aún no se han justificado 618,14 millones de euros destinados a la materia, de ellos 3,51 anteriores a 2013; 55,63 del Plan 2013 - 2016 y 559,01 millones del referido plan 2018 - 2021. En este último caso, no obstante, aún no ha finalizado el plazo de ejecución de determinados programas, lo que sitúa el foco en otra de las críticas del Tribunal: el solapamiento constante entre planes por la permisividad de los mismos.

El informe se ha publicado precisamente cuando el actual Ministerio de Vivienda acaba de anunciar el inicio de los trabajos para la confección del nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el período 2026 - 2029, en un momento en el que la vivienda se ha convertido, según el CIS, en uno de los principales problemas de los españoles, fruto de la fuerte subida de los precios tanto de la compra como del alquiler.

Demanda de alquileres

Según el Ministerio de Vivienda, el actual Plan Estatal de Vivienda 2022 - 2025 (el posterior al evaluado por el TCU) ha destinado en sus 13 programas 1.717 millones de euros, de los cuales, 1.440 han sido aportados por el Gobierno central para líneas de actuación como las ayudas directas al alquiler; las ayudas a personas vulnerables; el acceso a la vivienda de los jóvenes; las ayudas a los arrendadores como seguro de protección o las ayudas a jóvenes en poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

De todos estos programas, el de Ayuda al Alquiler es el más consolidado y demandado. Durante el periodo 2022-2023, se ha ejecutado el 90,87 % de los fondos. Para este ejercicio −que contaba con 691.291.700 euros−, siendo el programa 2, el de ayuda al alquiler, el que ha dispuesto de una mayor cuantía, hasta alcanzar los 269.974.602 euros.