El pacto para el Cupo catalán limita la aportación al resto de regiones y fija 2026 como fecha para asumir los impuestos

Un «concierto económico solidario» que establece, de facto, un nuevo régimen para Cataluña fuera del sistema común. El acuerdo alcanzado entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat establece «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos».

El pacto tiene además fecha, dado que ambos partidos se comprometen a que la ejecución se produzca «a lo largo de 2026». El acuerdo, ha asegurado en Consejo de Ministros la portavoz, Pilar Alegría, supone «el triunfo del diálogo», que ha declinado entrar en detalles. Una valoración que choca con la realizada tanto por la oposición como por presidentes autonómicos de todo el arco parlamentario, y por los inspectores de Hacienda, uno de los colectivos más afectados.

«Supone la ruptura total del sistema», según la Asociación profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que define el acuerdo como «un modelo de financiación a la carta para Cataluña bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica». Para IHE dicho pacto implica «reventar» la solidaridad fiscal al entregar a Cataluña la recaudación del 100 % de los impuestos, algo que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado reiteradamente en los últimos meses que fuera a suceder.

Montero negó el Concierto

«No estoy de acuerdo con un Concierto económico», aseguró Montero hace solo dos semanas, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es «radicalmente falso» que se vaya a ceder el 100 % de los tributos a Cataluña llegó a decir la vicepresidenta en noviembre, entonces a cuenta de los pactos de investidura de Pedro Sánchez.

Hasta ahora, la posición de Hacienda se había limitado a proponer que una agencia de gestión compartida entre el Estado y la Generalitat recaudara todos los tributos que se generan en Cataluña. Además, Montero reconoció tras verse con las CC.AA. que cualquier reforma del régimen general tendría que pasar por un cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) a través del Congreso de los Diputados. Hacienda aún no se ha pronunciado tras el pacto anunciado ayer por ERC.

Con el nuevo modelo pactado con los republicanos, Cataluña recaudaría todos los tributos y posteriormente pactaría con el Estado la entrega de una cantidad, como ocurre con el País Vasco y Navarra, que cuentan con modelos forales reconocidos por la Constitución. En la actualidad la Agencia Tributaria de Cataluña solo recauda el 9 % de los tributos, unos 4.900 millones, cantidad que elevaría a 52.000 si finalmente el pacto, que debe aún ser refrendado por las bases republicanas, se materializara.

Según las estimaciones de Fedea el nuevo modelo abriría un agujero de 30.000 millones

Según las estimaciones de Fedea, este modelo abriría un agujero de 30.000 millones de euros al Estado, lo que afectaría al resto de comunidades autónomas, que deberán ofrecer peores servicios básicos, como Sanidad o Educación, a sus ciudadanos. Para minimizar este impacto Cataluña ofrece a cambio un «fondo de solidaridad», que se negociaría periódicamente con el Estado, pero según precisó el presidente en funciones Pere Aragonès dicha aportación sería «temporal» mientras el Estado «adelgaza» su estructura para acomodarse a la llegada de un menor número de recursos.

«Las demás autonomías tendrían menos que repartir y habría un incentivo para que Madrid y Baleares –las dos comunidades que, junto con Cataluña, son aportadoras netas al sistema de financiación– abandonen también el sistema. Los servicios serían muy distintos en unas zonas que en otras del país», explicaba recientemente Ángel De la Fuente, director ejecutivo de Fedea, a El Debate.

«El pacto anunciado es de carácter político, con medidas que no ayudan a las empresas, ni a la economía, y que solo suponen fuentes de exclusión o conflicto», afirma Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya (EC). «Romper el principio de solidaridad entre españoles es perjudicial para Cataluña. El resto de los españoles no son ajenos a los catalanes, son nuestros compatriotas y la solidaridad entre españoles está consagrada por la Constitución», considera.

El acuerdo establece además la denominada ordinalidad según la capacidad fiscal. Esto es, aunque Cataluña transfiera al resto de autonomías el mencionado cupo, dicha transferencia está limitada a que ninguna otra región con menos financiación de partida acabe teniendo más recursos por habitante que Cataluña. «Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias», reza el acuerdo.

«Barbarie» o «quiebra brutal de la igualdad»

En un duro comunicado en el que califican la cesión de «barbarie», los inspectores de Hacienda han explicitado su «rechazo frontal y absoluto» un acuerdo que «pretende romper los principios establecidos en nuestra Constitución». El artículo 133 de nuestra norma fundamental reserva la potestad tributaria originaria al Estado, aunque permite a las CC.AA. y a las entidades locales establecer y exigir impuestos. «Pero esta distribución lo que no admite es que dichas comunidades exijan el ingreso de los impuestos estatales, saltándose la Constitución y la potestad originaria que sólo corresponde al Estado», remarcan los inspectores.

Destacados socialistas de otras CC.AA. tampoco han tardado en cuestionar el acuerdo. «Es un grave atentado a la igualdad», según el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que ha anunciado una comparecencia extraordinaria al respecto. «Es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible», ha afirmado el expresidente aragonés, Javier Lambán.

«Es un acuerdo ilegal y mi gobierno hará todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución», según su sucesor, el popular Jorge Azcón. «Otra investidura comprada por Sánchez, que pretende que paguemos todos con más desigualdad», ha valorado por su parte el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo.

La medida obligaría además a un fraccionamiento de la Agencia Tributaria y una cesión de sus inspectores e infraestructuras a la Generalitat. Según ha advertido IHE en varias ocasiones, dicha partición aumentaría el fraude y deterioraría los servicios al ciudadano. Actualmente prestan servicio en Cataluña unos 5.000 trabajadores de la AEAT, de un total de 25.909, cuyo futuro es hoy incierto.

«El acuerdo dificultará la gran mayoría de servicios públicos y perjudicará especialmente a quienes menos recursos tienen», advierten desde IHE

«La coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente y, por supuesto, la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen», han vuelto a recalcar este martes desde IHE.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado en otro comunicado que velará por la seguridad jurídica y las condiciones laborales del Estado en Cataluña. El sindicato ha mostrado su preocupación ante «las consecuencias económicas que se deriven del acuerdo de financiación» y ha señalado que defenderá el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad en toda España.