¿Vuelve el informe fantasma de Montero? Sánchez aspira a presentar los presupuestos tras el verano pese al varapalo del Congreso

Siete meses después, el conocido como informe fantasma de la Abogacía del Estado puede llegar a ser útil. El rechazo del Congreso de los Diputados a la senda de déficit presentada por el Ejecutivo, tras el voto negativo de Junts, puede hacer que este documento, que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero no llegó a necesitar –al renunciar el Gobierno a presentar unos Presupuestos en 2024– acabe finalmente saliendo del cajón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que tiene intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de que termine el año. «No pudimos aprobarlos en este año por el anticipo electoral (en Cataluña), pero aspiramos a presentarlos en septiembre, octubre y, por tanto, aprobarlos en este segundo semestre del año», afirmó durante su balance del curso político en La Moncloa.

La Ley de Estabilidad obliga al Ejecutivo a presentar unos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas, que sirven de marco para posteriormente elaborar los presupuestos. Dichos objetivos tienen un carácter trianual, de manera que, de forma habitual, si las Cortes los rechazaran durante un ejercicio, el Ejecutivo podría elaborar las nuevas cuentas amparándose en los aprobados el año anterior.

El problema es que, debido a la pandemia, España lleva años sin aprobarlos, y el Senado, donde el PP tiene mayoría, tumbó los últimos. Una capacidad que el PSOE y sus socios acaban de arrebatar a la Cámara Alta mediante una enmienda introducida en la ley de paridad.

Ello parecía que iba a despejar en esta ocasión la aprobación de los nuevos objetivos, que establecen un límite del 2,5 % del PIB para 2025, del 2,1 % para 2026 y del 1,8 % para 2027. La negativa de Junts, sin embargo, ha devuelto la partida a la casilla de salida.

La ley de estabilidad establece con claridad que, en caso de rechazo por parte del Congreso o del Senado, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

Ahora bien, ante la posibilidad de entrar en un bucle por los rechazos del Senado, el Ejecutivo encargó un informe a la Abogacía del Estado en el que se asegura que «a falta de aprobación de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo (Europeo).

Dicho documento, que llegó a ser calificado por el PP como «informe fantasma» ante las reticencias de Hacienda a hacerlo público abre por tanto la puerta al Ejecutivo a ampararse en el programa enviado a Bruselas en la primavera de 2023, que estimaba un déficit del 2,7 %. El enviado este año, que ya no es vinculante precisamente por la llegada de las nuevas reglas fiscales, rebaja esta previsión al 2,5 %.

Llega el Plan Fiscal Estructural

«Lo enviado a Bruselas en el antiguo Plan de Estabilidad no tiene suficiente valor jurídico», considera Diego Martínez López, catedrático de economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de Fedea. «Quizás el plan fiscal que se mande en septiembre, sí», añade, en un mensaje en la red social X.

Y es que las nuevas reglas incorporan la obligación de presentar un Plan Fiscal Estructural antes del 20 de septiembre, donde el Gobierno deberá trasladar a Bruselas una senda actualizada. En dichos planes, los países tendrán que concretar sus compromisos fiscales a cuatro años en una senda de gasto primario neto de medidas de ingresos que no podrá modificarse durante el periodo de aplicación (2025-2028), salvo en casos excepcionales.

En cualquier caso, la opción que ahora mismo parece más probable es que el Ejecutivo logre alcanzar un acuerdo con Junts y vuelva a presentar la misma senda de déficit, como dejó caer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Los nuevos objetivos dan algo más de margen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, y a ello se aferra el Ejecutivo para confiar en que acabarán logrando el respaldo suficiente.

Además, tras pactar el déficit el Gobierno necesitará también el apoyo de la Cámara para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025, salvo que opte por prorrogar de nuevo los de 2023, lo que según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) agravaría la situación de inseguridad jurídica y podría acabar frenando aún más la inversión, entre otros efectos negativos.