Los impagos de las renovables siguen esquilmando a España ante la pasividad de Teresa Ribera

España ha sufrido un nuevo golpe por los impagos de las renovables. La justicia británica ha autorizado de forma cautelar el embargo del derecho de usufructo que ostenta Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres.

A lo largo de los últimos años, España ha acumulado una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cifra hay que sumarle 310 millones adicionales en concepto de condenas en costas o intereses de demora.

Ante los impagos reiterados de España, los tribunales británicos han autorizado esta medida compensatoria en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra con un pago que ronda los 300 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena alega que no tiene nada que ver con los impagos. Sin embargo, la justicia británica ha considerado que el operador aeroportuario está controlado al 51 % por una empresa pública del Reino de España, ENAIRE. Por este motivo se ha autorizado el citado embargo, resuelto en un fallo que data del pasado 11 de julio y que afectará al 26 % del derecho de usufructo que Aena posee sobre la operativa del aeropuerto de Luton.

Recientemente la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a ENAIRE debido a los impagos de las renovables. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España. La magistratura de las islas ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco. La Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda.

Los afectados piden al Gobierno español que ponga fin a esta situación embarazosa y reclaman a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta controversia. Las empresas que están sufriendo estos impagos millonarios recuerdan que la titular del Ministerio tiene encima de la mesa una propuesta de resolución que permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más.