El cupo catalán restará entre 200 y 600 euros de presupuesto por persona en cada comunidad autónoma

En El Debate hablamos ya desde hace tiempo de las consecuencias que podría tener para el resto de las comunidades autónomas españolas la puesta en marcha de un cupo catalán, de un sistema de financiación privilegiada para Cataluña como el que tienen País Vasco y Navarra.

Hace unos meses se hablaba de que los catalanes podrían pedir 16.000 millones como contraprestación. Si esta cifra fuera la concretada y por tanto se restara al sistema común, el catedrático Mikel Buesa calcula que repercutiría en unos 500 euros menos de presupuesto por persona en todas las comunidades autónomas. En total, serían entre 3.500 y 4.000 millones menos de presupuesto en una comunidad como Madrid, una cantidad equivalente al coste de un hospital público o una universidad.

Posteriormente Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) ha recordado en un informe que los independentistas hablan de reclamar 22.000 millones, pero en la entidad estiman que la negociación podría reducir la cantidad a entre un 30 % y un 60 %: entre 6.600 y 13.200 millones. Con estas tres cifras, la rebaja al presupuesto por persona en cada comunidad autónoma sería de 687,5, 206,25 y 412,5 euros, respectivamente.

Fedea publica en un informe reciente la inyección neta de recursos que el sistema aporta a cada comunidad autónoma por encima de lo recaudado en su territorio. Puede ser negativa si la comunidad es aportante neta a la nivelación regional, como lo son Cataluña (-2.088 millones), Baleares (-345) y Madrid (-7.395 millones).

El sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de unos 24.000 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta algo más de 14.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros casi 10.000 millones. La aportación catalana es la segunda mayor, tras la de Madrid, y asciende a 2.088 millones de euros. Su pérdida supondría una caída del (2.088/123.618) 1,69 % en la financiación del resto de las comunidades autónomas.

La pérdida directa para el resto de comunidades autónomas causada por la salida de Cataluña del sistema de financiación autonómica (SFA) sería modesta, según Fedea. Pero esta es sólo una parte de la historia. La otra y más importante sería la pérdida por parte del Estado de todos sus ingresos tributarios en Cataluña.

Según los cálculos de Fedea, el Estado recaudó en 2022 algo más de 30.000 millones en impuestos generados en Cataluña que pasarían íntegramente a la Generalitat con el sistema de concierto. A cambio, sin embargo, la Generalitat pagaría al Estado una aportación que tendría dos partes: un cupo para cubrir el coste de los servicios que el Estado seguiría prestando y una cuota de solidaridad.

Demandas de Cataluña muy sesgadas a su favor e injustas

Fedea deja claro en su informe que las demandas del Gobierno catalán acerca de su nueva financiación privilegiada están muy por encima de lo que sería justo con el resto de las regiones del Estado.

El director ejecutivo de la entidad, Ángel de la Fuente, explica que la Generalitat calcula todos los años la cantidad que supuestamente le debe el Estado «por el cuestionable procedimiento del flujo monetario». De acuerdo con esta medición, el gobierno catalán estima que la brecha entre lo que su comunidad aporta y lo que recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros: casi el 10 % del PIB.

«Es importante observar que esta estimación, a la que de aquí en adelante denominaré déficit de máximos, está muy sesgada al alza», indica De la Fuente. «Para el último año en que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estima la Generalitat fue un 65 % superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque carga-beneficio, que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura», añade.

La distinción es importante, porque con ella los números cambian mucho: «De haberse mantenido este sesgo, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio; esto es: concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica», aclara De la Fuente.

Los independentistas lideran el relato

Pese a estas diferencias, la realidad es que el déficit de máximos que pregonan los independentistas manda en las negociaciones. Esos 22.000 millones son los que consideran que el Estado roba a Cataluña. «La única solución aceptable a ojos de este colectivo sería eliminar por completo ese supuesto desequilibrio», apunta Ángel de la Fuente, aunque «el actual gobierno de ERC es menos radical, y se conformaría con una reducción de su aportación a la caja común de entre el 60 % y el 80 % del déficit de máximos (bajar del 10 % del PIB a entre el 2 % y el 4 %)».

Por lo que se refiere al PSC que encabeza Salvador Illa, cabe esperar «que muestre una disposición algo mayor que sus aliados a contribuir a la solidaridad interterritorial, pero no ha dicho hasta dónde querría llegar y no está claro qué margen de actuación puede tener sin perder el apoyo de sus socios. Siendo muy optimistas, se podría quizás esperar que el PSC apueste por reducir a la mitad la exigencia mínima de Esquerra, al menos en un primer momento, con el fin de hacer la propuesta más digerible para la militancia del PSOE, entre otros».

De la Fuente cree que cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común de entre un 30 % y un 60 % del objetivo nacionalista de 22.000 millones de euros anuales. Supondría un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones anuales. «A largo plazo, las cosas pintan aún peor, porque el cambio en las reglas reforzará a la Generalitat frente al Gobierno central. En cuanto el gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas», afirma el director general de Fedea.

En cualquier caso, De la Fuente señala que hacer proyecciones precisas sobre lo que la reforma podría suponer para las finanzas de la Generalitat, del Estado o de otras comunidades autónomas no será posible hasta que no se concreten los detalles de la propuesta, y especialmente el procedimiento de cálculo del cupo y la cuota de solidaridad, o los posibles límites a su negociación. En el plano de la hipótesis, señala que extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales. «El dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) tendrá que salir de algún sitio. Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos».