Montero, el cupo catalán y la burla a los españoles

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que lo acordado con ERC no es un concierto económico y que no rompe la solidaridad, acusando de mentir a quienes sostengan lo contrario. Borrell le ha explicado clara y técnicamente lo que es un concierto económico: un sistema fiscal mediante el cual una región recauda todos los impuestos, se queda con toda esa recaudación y luego aporta una cantidad por los servicios que la Administración General del Estado preste en dicha región, cantidad que en las forales se llaman cupo (País Vasco) o aportación (Navarra). Eso es un concierto o convenio económico, como el vasco y el navarro, respectivamente, se ponga como se ponga la ministra Montero. Por tanto, quien no dice la verdad no es quien señale que eso es un concierto económico, sino quienes lo niegan, como Montero y el Gobierno al completo.

Por otra parte, dice también lo que el Gobierno repite: que no perjudica a ninguna comunidad autónoma, que será bueno para el conjunto de España y para todas y cada una de las regiones. Vuelve a ser falso.

El resto de CCAA también introducirían inestabilidad presupuestaria, pues la mayor aportación de las ricas y los menores recursos que irían a las receptoras netas harían que para poder prestar los servicios esenciales lo hiciesen a base de deuda

Ese cupo catalán, como ya he escrito en alguna ocasión en El Debate, tendrá un impacto presupuestario, pues merma los ingresos de la AGE, al quedarse Cataluña con todos los impuestos. Además, aunque Cataluña recibiría más, dada su trayectoria de ejecución presupuestaria de la mayoría de los últimos dieciséis años, gastaría todos esos recursos, e incluso más, aumentando el déficit conjunto; por su parte, la AGE incurriría en un mayor déficit para poder seguir prestando los servicios que se financian ahora con el porcentaje de recaudación generada en Cataluña de los impuestos estatales que va a la AGE; el resto de CCAA también introducirían inestabilidad presupuestaria, pues la mayor aportación de las ricas y los menores recursos que irían a las receptoras netas, harían que para poder prestar los servicios esenciales lo hiciesen a base de deuda; la inseguridad jurídica que se desataría. incrementaría el coste de la deuda y la deuda misma, por disminución de ingresos por el impacto negativo que se daría en la actividad económica, aumentando el déficit; por último, el mayor volumen de deuda consumiría un mayor gasto en intereses de esa financiación.

Y ninguna región resultaría beneficiada, pues se rompería la solidaridad y todas ellas tendrían que asumir el quebranto, aparte de la AGE. Todos los españoles, en definitiva, serían los perjudicados: al tener que renunciar la AGE a la parte de impuestos que se recaudan en Cataluña y que se queda la AGE: 50% del IRPF, 50% del IVA, 42% de los IIEE, 100% de Sociedades, por hablar de los más relevantes. Adicionalmente, como Cataluña dejaría de aportar a la solidaridad del resto de regiones, la merma de esos 1.500 millones que ahora aporta Cataluña, tendrían que cubrirlo la AGE -afectando, de nuevo, a todos los españoles; o las otras dos regiones aportantes netas -Madrid y Baleares-, que tendrían que incrementar su aportación. Por su parte, también se verían perjudicadas las regiones receptoras netas, porque sería imposible compensar la merma antes descrita, bien por la AGE, bien por Madrid y Baleares, y habría, al menos, una parte de fondos que reciben ahora y que perderían. Así, muchas comunidades con menos recursos, como Asturias o Castilla-La Mancha, podrían llegar a perder 38,5 millones y 127,5 millones cada año, respectivamente.

Como vemos, quien miente no es quien denuncia que el cupo catalán es aberrante, injusto, insolidario y empobrecedor, sino quienes, además de impulsarlo para comprar unos minutos más en el banco azul, tratan de tomar por tontos a todos los españoles con los argumentos peregrinos e intelectualmente ofensivos que esgrimen. Se burlan de los españoles.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria