Agricultores y tractores cortan la autopista AP7 a la altura de Le Perthus
Seis meses de la gran revuelta del campo: «O el Gobierno cumple o habrá un otoño caliente»
La Comisión Europea se abre a dar más ayudas a las explotaciones más pequeñas en la próxima reforma de la PAC
Este mes de septiembre se cumplen seis meses del fin de las protestas agrarias que sacudieron España y otros países europeos. Medio año después de que los tractores recorrieran las calles de ciudades como Madrid o Bruselas, los agricultores, en especial los más pequeños, han logrado de Bruselas la exención de determinadas sanciones y controles ambientales.
Esta misma semana la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se comprometía a estudiar la introducción del principio de degresividad en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC). Mediante este principio las explotaciones agrícolas y ganaderas de menor tamaño recibirán una partida mayor de las ayudas, con el objetivo de abandonar el sistema de pagos que premia el tamaño.
Pese a ello, desde Asaja, la principal asociación del sector, afirman que la situación sigue siendo «muy complicada». Su secretario de organización, Juanjo Álvarez, afirma, en conversación con El Debate, que el Gobierno «no ha cumplido más de la mitad de lo que prometió al sector» el pasado mes de abril.
Entonces Agricultura trasladó al sector un paquete de 43 medidas agrupadas en siete bloques. A saber: simplificación y flexibilización de la PAC; respaldar el comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.
No firmamos el documento con el Gobierno porque nos pareció insuficiente. El tiempo nos ha dado la razónSecretario de organización de Asaja
El documento logró el aval de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), aunque se desmarcaron tanto COAG como Asaja. «No firmamos ese documento porque nos pareció insuficiente y el tiempo nos ha dado la razón», afirma desde esta última Juanjo Álvarez.
Álvarez denuncia que no se han materializado las medidas de carácter fiscal, de seguros agrarios (el ministerio se comprometió a alcanzar, junto con las CC.AA., el máximo subvencionable permitido por la Unión Europea (el 75 % de la prima comercial) o en materia de apoyo a la ganadería.
«En La Rioja ya están previstas movilizaciones cuando acabe la vendimia. Puede ser un otoño caliente si no se hacen valer las medidas que anunció el Gobierno», advierte el secretario de organización de Asaja, que reclama también que Bruselas «ejecute también mejoras para las explotaciones medianas y grandes, y no solo para las pequeñas».
Álvarez destaca además que los costes de producción siguen siendo muy elevados, y afirma que «siguen produciéndose incumplimientos» de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entre otras cosas prohíbe las ventas a pérdida. En la misma línea, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) advertía este viernes de una «grave crisis», cargando contra las grandes bodegas, a las que acusa de incumplir dicha normativa.
Menos sanciones
En mayo, los veintisiete dieron luz verde definitiva a la revisión de la Política Agraria Común (PAC) que exime de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de requisitos medioambientales a las pequeñas explotaciones agrarias. En concreto, a aquellas de menos de 10 hectáreas. Dicha medida supuso un alivio para 345.000 pequeños agricultores, el 55 % de los perceptores de ayudas en España, según cálculos del ministerio de Agricultura.
El exceso de carga administrativa fue una de las principales quejas detrás de las protestas. El sector puso el foco en el denominado cuaderno digital. La entrada en vigor de dicha herramienta, que digitalizará obligatoriamente la actividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, fue finalmente aplazada a septiembre de 2025, cuando inicialmente se iba a poner en servicio el 1 de septiembre de 2023.
Las preocupaciones del sector se centran también en gran medida en la posible respuesta de China a los aranceles europeos al coche eléctrico. A finales de agosto, el gigante asiático ya anunció la apertura de una investigación contra los productos lácteos comunitarios. La investigación –solicitada por dos grupos industriales respaldados por el Estado– se extenderá durante un período de doce meses, extensible a otros seis, y afecta a las ayudas a la producción de queso fresco y fundido, queso azul y otros productos con base de queso, leche y nata. «Nosotros cumplimos todos los requisitos y trámites en las producciones, y hay que seguir trabajando en esa línea», comenta al respecto Álvarez.
El sector también se ve afectado, como otros, por la escasez de mano de obra. En este sentido, las organizaciones agrarias han venido reclamando en los últimos meses al Gobierno que facilite la contratación de extranjeros para períodos cortos de recolecciones. Una propuesta que ha sido también defendida, por ejemplo, por la Junta de Extremadura.
«Aunque haya gente parada en el sector no encuentran mano de obra para trabajar y necesitan que vengan del extranjero. No quiero interpretar nada, simplemente son hechos, hay parados pero hay demanda de empleo», aseguró este jueves el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, según recoge Ep.
«Hay un problema muy importante de falta de mano de obra», detalla al respecto Juanjo Álvarez. «Estamos teniendo reuniones y lo venimos denunciando año tras año. Algo hay que hacer, regularizando a gente en España o con contrataciones en origen», propone.
