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Habitación de hotel

Habitación de hotel.

Los hoteleros temen un «caos» por el nuevo registro de viajeros que el Gobierno exigirá desde octubre

La patronal augura que producirá una desventaja competitiva" en el mercado nacional y europeo

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha vuelto a reiterar su oposición al Real Decreto 933/2021, sobre obligaciones de registro documental de las reservas, que se aplicará el próximo 1 de octubre, aumentando su preocupación por «el caos que produciría su implementación debido a la imposibilidad de su cumplimiento».

En un comunicado, la patronal ha denunciado una serie de preocupaciones que van en aumento debido a que quedan tan solo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga del Real Decreto 933/2021.

Entre ellas se encuentra la «desventaja competitiva» en el mercado nacional y europeo, ya que las obligaciones impuestas por la normativa colocan a las empresas españolas o a aquellas que operan en España en «una clara desventaja» frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normas similares, según la entidad.

«Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados», ha denunciado también la patronal.

Por otro lado, en opinión de los hoteleros, el Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que «provoca inseguridad jurídica». Asimismo, han criticado que la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios.

Además, Cehat ha destacado que las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen «una sobrecarga administrativa excesiva», especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).

«Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento», ha concluido.

Con todo ello, la patronal se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo su revisión y ajuste para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.

En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros han advertido de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.

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