Teresa Ribera se va a Bruselas y nos deja el cierre nuclear y un objetivo irrealizable de coches eléctricos

Una de cal y otra de arena. «Teresa Ribera es una mujer de carácter complicado y muy dura desde el punto de vista ideológico, pero siempre va de frente». Así describe un directivo del sector eléctrico a la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la nueva Comisión Europea, a quien no ha sorprendido su nombramiento. Como a casi nadie, ya que todo el mundo conoce los motivos: Ursula von der Leyen tenía que devolver el favor a los socialistas europeos y los verdes por haber apoyado su reelección como presidenta en la Eurocámara. Y desde ese momento, ahí andan Pedro Sánchez y sus ministros dando la matraca con que Ribera es la primera española que accede a un cargo de tanto fuste. Como si la añorada Loyola de Palacio no se hubiera sentado en ese sillón más de dos décadas antes. Ni un día sin su mentira.

En todo caso, pese a convertirse de facto en la número dos de la alemana, la todavía ministra no tendrá tanto margen de maniobra en el Ejecutivo comunitario como se está diciendo. La razón es que los socialistas se encuentran en una situación de minoría absoluta en un colegio con mucho más peso de la derecha: 14 comisarios del Partido Popular Europeo más la presidenta, frente a 5 liberales, 4 socialistas y 2 representantes de la derecha radical populista. Amén de que parte de las competencias de Ribera en Transición Ecológica se solapan con las del vicepresidente francés, el liberal Stéphane Séjourné, nombrado vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial. Hace bien Von der Leyen no poniendo todos los huevos en el mismo cesto.

Mantiene su doble discurso sobre la energía nuclear: que cierre en España y que en Europa haga cada uno lo que quiera

El tiempo dirá, en fin, cómo se acaban organizando. Igual que dirá quién es el elegido por Pedro Sánchez para sustituir a Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que se supone que va adjunta la tercera vicepresidencia del Gobierno. O no; a saber. En los primeros puestos de las quinielas se sitúa Manuel de la Rocha hijo, actual secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 en el Gabinete de la Presidencia. Luego entrarían en juego los malabarismos, más que equilibrios, dentro del PSOE, con el andaluz Juan Espadas y la gallega Inés Rey a la cabeza. Y ya en tercer lugar se incorporarían a la porra la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y Joan Groizard, director general del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), cuyo nombre sonó con bastante fuerza este verano.

Sea quien sea su sucesor, la jefa se ha empeñado en dejarlo todo atado y bien atado antes de irse a Bruselas. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que no ha dejado indiferente a nadie. Sobre todo porque prevé una demanda de electricidad de 214.000 MW para el año 2030 respecto a una potencia instalada en la actualidad de 122.000 MW. Prácticamente el doble. Los expertos creen que es un delirio porque la economía ni mucho menos va a crecer tanto en el próximo lustro como para requerir inversiones por más de 300.000 millones de euros. Ni siquiera las asociaciones de renovables dan credibilidad a los objetivos del Plan Ribera.

El campo español suspira de alivio porque no tendrá competencias de agricultura en Europa

Y luego está su doble discurso sobre la energía nuclear. El Gobierno mantiene el cierre de las centrales aprobado en 2019, perdiendo una ocasión de oro para pactar con las energéticas una nueva hoja de ruta, ahora que Teresa Ribera se marcha a la Comisión Europea. Y he aquí la contradicción: mientras el PNIEC se reafirma en cerrar los reactores en España, desde su nuevo cargo como comisaria de Competencia, Ribera está dispuesta a dejar que sea cada país miembro haga lo que le venga en gana. Cosas de la taxonomía. Y también del temperamento autoritario de la vicepresidenta tercera de Sánchez.

Por lo demás, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que en España se venderán 5,5 millones de vehículos eléctricos durante el periodo 2025-2030. A razón de algo más de un millón cada año, cuando en 2023 se matricularon 949.359 vehículos en total, incluidos los de gasolina y diésel. Cuesta entender que el Ministerio de Ribera piense que se puede duplicar esta cifra y hacerlo únicamente con el coche eléctrico. Estamos ante un «sujétame el cubata», como suele decirse en las redes sociales.

En cuanto al lobo —sí, también eso es competencia del todopoderoso ministerio de Ribera—, una mayoría de países de la Unión Europea votó la semana pasada a favor de que pase a ser «especie protegida» en lugar de «especie estrictamente protegida». En la práctica, eso supone que se puede matar de forma controlada para que deje de hacer daño a rebaños y cultivos. Nuestro país se opuso, traicionando a los agricultores y ganadores, que no paran de denunciar los problemas que sufren por culpa del maldito lobo. El campo español recibió con alivio la noticia de que la todavía titular de Transición Ecológica no vaya a tener competencias sobre agricultura en la futura Comisión Europea. Se especuló con esa posibilidad, pero el elegido ha sido finalmente el luxemburgués Christophe Hansen. «Solo nos habría faltado eso», cuentan en las organizaciones agrarias. «Tanta paz lleve Teresa Ribera como descanso deja».