La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
Las comunidades del PP rechazan en bloque limitar los alquileres ante el «chantaje» de la ministra de Vivienda
Culpan a la Ley de Vivienda de resultar «perjudicial» para los ciudadanos y cuestionan la promesa de 183.000 pisos de Sánchez: «Nadie sabe dónde están»
Vivienda matiza su postura y asegura que no se castigará a las regiones «insumisas» sino que se premiará a las que apliquen las zonas tensionadas
Bloque común de las comunidades autónomas del Partido Popular frente al «chantaje» de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Las regiones gobernadas por el PP han rechazado de manera conjunta aplicar las denominadas zonas tensionadas, recogidas en la Ley de Vivienda, y que contemplan limitaciones extraordinarias a los precios del alquiler.
«Manifestamos nuestro rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España e imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda», aseguran los responsables de Vivienda de 11 autonomías y las dos ciudades autónomas, ante la amenaza de Rodríguez de cortar el grifo de fondos a las regiones que no acepten aplicar dichas limitaciones. Lo han hecho en un documento conjunto distribuido al inicio de la reunión sectorial de vivienda con la ministra.
«Es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas no declarar en sus territorios las Zonas de Mercado Tensionado», abunda el comunicado, que insiste en que este tipo de medidas «solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios».
Vivienda matiza a la ministra
Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda han precisado este jueves a Ep que no se castigará a las comunidades que no apliquen los límites, sino que se premiará a las autonomías que sí lo hagan con más fondos, matizando así las declaraciones previas de Rodríguez.
Según recoge la propia Ley de Vivienda dicha aplicación queda al albur de las autonomías. De ahí que los populares cuestionen la acusación inicial de Rodríguez, que llegó a tildar de «insumisa» a la Comunidad de Madrid. «Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera», respaldan en bloque las regiones populares, que acusan a la Ley de Vivienda de estar detrás de un incremento del precio de los alquileres del 13 % desde su entrada en vigor.
La vivienda ha escalado en los últimos meses hasta convertirse en el segundo problema de los españoles, según el CIS. De ahí que tanto PP y Vox hayan volcado sus esfuerzos en materia económica en este punto, cuestionando no solo la Ley de Vivienda sino también la promesa recurrente de Pedro Sánchez de construir 183.000 viviendas para alquileres sociales.
«Nadie sabe todavía dónde están dichas viviendas. En materia de vivienda ha conseguido estrangular al mercado», afirman al respecto los populares, que también cuestionan la tolerancia del Ejecutivo con la ocupación. Según sus cálculos, actualmente existen en España 78.800 viviendas ocupadas, «una cifra equiparable a Toledo o Guadalajara». De ahí que, entre las medidas estrella del planteamiento de Feijóo para Vivienda –recogidas en una propuesta de Ley que se presentará en las próximas semanas– esté reducir el límite de protección para inquilinos vulnerables de 1800 euros actuales a 1.080, con el objetivo de recuperar la oferta de pisos en alquiler.
