La prensa internacional advierte del «Gran Hermano» que quiere imponer Marlaska a los viajeros
«Adiós al secreto bancario y la protección de datos: lo que los viajeros tendrán que revelar sobre sí mismos en España», aseguraba Aargauer Zeitung, un cuestionamiento espoleado también por los tabloides británicos
El registro de viajeros que quiere imponer el Ministerio de Interior a partir del 2 de diciembre no ha pasado desapercibido en la prensa internacional. Numerosos países como Inglaterra o Alemania se han hecho eco del Real Decreto 933/2021, que obligará a los hoteleros, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de vehículos, los gestores de casas rurales y a aquellas plataformas digitales que se dedican a la intermediación a través de internet, a facilitar a Interior datos personales de las reservas y del alquiler de vehículos.
«Furia por la ley ‘Gran Hermano’ que obligará a los británicos a entregar información sensible cuando visiten España», indicaba Daily Mail. Otro medio inglés, el Daily Express, se refiere a esta medida como «la ley de espionaje turístico».
En Alemania, Aargauer Zeitung destacaba que este registro pondrá fin «al secreto bancario y a la protección de datos». Además, considera que «las autoridades cada vez quieren más información personal».
Visto bueno
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que el Real Decreto 933/2021 sobre obligaciones de registro documental de las reservas, que se ha prorrogado recientemente hasta el 2 de diciembre, pasó todos los informes «pertinentes» y no fue objeto de impugnación en su puesta en funcionamiento.
Asimismo, Marlaska ha destacado la labor de coordinación de Interior con los ministerios competentes al respecto y, también, con las compañías y todos los obligados al cumplimiento para que su actuación y cumplimentación sea «efectiva y real», y garantice la privacidad y la seguridad.
La reciente decisión del Ministerio de aplazar dos meses más el nuevo registro, previsto anteriormente para este 1 de octubre, supuso un alivio para las compañías de la industria, que mostraron durante meses su oposición y disconformidad por la aprobación de esta normativa.