El Gobierno da luz verde a la ley de economía social para evitar el intrusismo en las cooperativas

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una iniciativa que busca «atajar el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización».

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda del Gobierno ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que con esta norma se pretende «modernizar y modificar de manera definitiva las normas reguladoras de la economía social, del cooperativismo y también de las empresas de inserción».

Así, ha defendido que para el Gobierno la economía social «no es un apellido ni es un elemento cosmético, forma parte del protagonismo de la acción económico-social» del Ejecutivo.

Esta norma modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social. El primero de los tres artículos adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75 %.

El artículo segundo del anteproyecto aprobado hoy modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De este modo, «se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización». Por ejemplo, ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.

Asimismo, el anteproyecto incluye una definición de empresa de inserción «más adecuada y coherente» con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas «permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral».

La nueva norma también modifica la Ley de Economía Social, «clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector». Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.