Central nuclear en una imagen de archivo
Empuje de las nucleares
La energía nuclear dopa a la industria francesa con una factura eléctrica tres veces más baja que la española
La gran industria del país vecino adquiere hasta un 62 % de su electricidad gracias a contratos más competitivos que el precio de su mercado eléctrico
Las fábricas españolas compiten con una mano atada a la espalda. La industria española intensiva en consumo eléctrico, o electrointensiva, paga una factura eléctrica 2,8 veces más cara que la de sus equivalentes en Francia. El importe es también un 85 % más caro que el de las empresas similares alemanas, según cálculos de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE).
La clave del ventajoso precio de la factura eléctrica gala se encuentra en su parque nuclear, con 58 instalaciones, en su mayoría amortizadas. Según AEGE, la gran industria de Francia adquiere un 62 % de su electricidad con contratos más competitivos que el precio de sus mercados eléctricos. Y lo hace gracias a la denominada tarifa ARENH, una tarifa regulada asociada a la nuclear.
Esta tarifa, fijada en 42 euros el MWh, no se actualiza desde 2012. Su aplicación permite desinflar el coste final medio hasta los 20,80 euros el MWh, frente a los 58,83 que la gran industria (consumidora de 500 GWh al año) tiene que abonar en España.
Además, la industria española también se ve penalizada por unos costes por los servicios de ajuste que no se aplican en Francia o Alemania. «Esto amplía la brecha competitiva en más de 11 €/MWh», trasladan desde AGE, que avisa también de las menores compensaciones por CO2 indirecto existentes en nuestro país.
«En Francia acceden a compensaciones por encima de las de nuestro país por un total de 10 €/MWh, mientras que en Alemania son 33 €/MWh superiores», abundan. Todo esto penaliza la actividad de compañías como Acerinox, ArcelorMittal, Ercros, Ferroglobe, Alcoa o Celsa, integrantes de la asociación, que exigen, entre otras medidas, incrementar hasta el máximo de 850 millones permitido actualmente la ampliación presupuestaria para compensar por las emisiones de CO2 indirecto.
El estatuto electrointensivo, «vacío de contenido»
Para tratar de paliar estas desventajas el Ejecutivo aprobó en 2022 el estatuto del consumidor electrointensivo, con una posterior modificación, el año pasado, con el objetivo de ampliar el catálogo empresas beneficiarias y llegar incluso a duplicar su número.
El estatuto recoge dos mecanismos para aliviar los costes energéticos de la gran industria: una compensación de los costes derivados de financiar la energía de origen renovable y cogeneración, y un mecanismo de cobertura de riesgos por adquirir energía eléctrica a medio y largo plazo, a través del fondo de reserva Fergei.
La reforma, no obstante, dista de haber satisfecho las necesidades de las grandes empresas del sector. En una carta abierta publicada en junio, el director general de Unesid, Andrés Barceló, afirmaba que el estatuto «ha quedado prácticamente vacío de contenido en lo que se refiere a las ventajas que puede suponer para la industria intensiva en el uso de la electricidad».
Desde la patronal de los fabricantes de acero proponen, entre otras soluciones, eximir a la industria electrointensiva del 85 % de las aportaciones al fondo nacional de eficiencia energética. También abogan por dotar presupuestariamente las compensaciones por sobrecostes en la electricidad derivados del sistema de comercio de emisiones con hasta el 25 % de los fondos de las subastas de derechos de emisión; y modificar los periodos tarifarios, ya que la electricidad es más barata en las primeras horas de la tarde por el efecto de la energía fotovoltaica. Además, proponen la eliminación, por lo menos, la reducción sustancial del pago de la tasa municipal a la industria electrointensiva.
