Bruselas espera el plan fiscal de 'la de Hacienda' (la de verdad, no la de Koldo y Aldama)

Aunque la trama del ‘caso Koldo’ se refiriera a Nadia Calviño como «la de Hacienda», según figura en el informe de la UCO, «la de Hacienda» es María Jesús Montero. Al menos, mientras no se demuestre lo contrario. Y estos días acaparará todas las miradas porque mañana tiene que presentar a Bruselas el Plan Fiscal Estructural donde el Gobierno se compromete a ajustar sus cuentas públicas conforme a los nuevos cánones europeos.

La cacareada vuelta de las reglas fiscales ya está aquí y a Montero le pilla en paños menores. Porque ni tiene Presupuestos para 2025 ni puede estar segura de que los vaya a tener hasta que los dos socios catalanes de Sánchez, Junts y ERC, celebren sus respectivos congresos. Y porque encima, tampoco está claro que la Comisión acabe excluyendo la reforma fiscal de los compromisos que tiene que cumplir España para recibir los 7.000 millones de euros del quinto desembolso de los fondos europeos.

¿Acaso no prometió el Gobierno a Bruselas una amplia reforma fiscal basada en un libro blanco elaborado por un comité de sabios?

Como el sanchismo tiene coartadas para todo, en el Ministerio de Hacienda explican que la remisión a Bruselas del plan fiscal les permite retrasar el diseño del plan presupuestario, que es donde en realidad se tienen que plasmar medidas fiscales concretas. O sea, patada del balón hacia adelante. Y en cuanto a la reforma fiscal, se despachan con que las medidas aprobadas los últimos años, como el impuestazo a las energéticas y a la banca, el tributo a las grandes fortunas o las tasas Google y Tobin, valen para dar por convalidado el hito número 28 del Plan de Recuperación.

Hay que tenerla de cemento armado. ¿Acaso no prometió el Gobierno a Bruselas una amplia reforma fiscal basada en un libro blanco elaborado por un comité de sabios? Los expertos, encabezados por el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, entregaron a la ministra de Hacienda sus conclusiones en marzo del 2022, pero ella las metió en un cajón. La explicación oficial fue que la guerra en Ucrania y la crisis de inflación desaconsejaban tocar determinados impuestos. Como si este Ejecutivo se caracterizara por la prudencia a la hora de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

Claro que está por ver si la Comisión Europea se traga el cuento. Antecedentes, desde luego, los tenemos. He ahí, por ejemplo, la reforma de las pensiones del ministro Escrivá, hoy gobernador del Banco de España. Bruselas la aceptó de buen grado para criticar en un informe posterior que el desaguisado obligará a inyectar en el sistema 75.000 millones de euros adicionales. En todo caso, la novedad estriba ahora en que la reelegida Úrsula Von der Leyen se juega su credibilidad como garante de las nuevas reglas fiscales de déficit y deuda. Y puede que Francia, con un alarmante agujero del 6,1 % en las cuentas públicas, no le sirva como único chivo expiatorio. El tiempo dirá.

Úrsula von der Leyen se juega su credibilidad

Con todo, Montero y su jefe tienen previsto subirnos los impuestos de manera inminente hasta en 60.000 millones de euros. Por si la falacia de los ricos del Lamborghini no hubiera funcionado, se han sacado de la manga la excusa de que España tiene un margen de 4 puntos para acomodar su presión fiscal a la europea. Cuesta creerlo, ya que desde que Sánchez se instaló en la Moncloa, el diferencial se ha ido recortando a medida que el Ejecutivo aprobaba las 69 subidas fiscales que asfixian a familias y empresas. Si en 2018 era de 5,7 puntos, en 2022 ya estaba en 2,7, menos de la mitad. Lo que ocurre es que ahora se supone que hemos vuelto a coger distancia con la UE tras la revisión al alza del PIB. Así se las gasta el Gobierno de las trampas y los bulos.

Porque la realidad ni se parece a la descrita la semana pasada en el Congreso por el presidente del Gobierno y su mano derecha. Ya no es que sea mentira que exista brecha fiscal con los Veintisiete, sino que nuestro esfuerzo fiscal —el indicador más adecuado para medir estas cosas—, es casi un 18 % superior a la media de la Unión Europea. Sin detenerme en lo mollar, que siempre se habla del IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades, solo las subidas de cotizaciones sociales han supuesto una recaudación adicional de 26.100 millones de euros. El Ejecutivo ha incrementado hasta en seis ocasiones la base mínima y en cuatro la máxima de las cotizaciones sociales, perjudicando a las empresas y a sus trabajadores. Y además, ha aumentado la cuota de los autónomos todos los años, a lo que hay que sumar otras tres alzas por cambios normativos, al eliminarse una deducción por baja siniestralidad e introducir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la Cuota de Solidaridad.

Como quien no quiere la cosa, las cotizaciones a la Seguridad Social por parte del empleador suponen el 29,9 % del salario bruto frente al 21 % de media de la UE o el 16,3 % de la OCDE. Y nada de esto está incluido en los cálculos que se hacen a la hora de rechazar la subida de impuestos que se nos viene encima para sufragar el cuponazo catalán y otros disparates. No seré yo quien cuestione que tanto el sistema fiscal como la financiación autonómica estaban pidiendo a gritos una reforma, pero los planes de 'la de Hacienda' van justo en el sentido contrario de lo que necesitamos.