El director general de CECA, José María Méndez, y la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán.
Banca y petroleras estallan contra sus ‘impuestazos’ y advierten que España puede perder 66.000 millones
España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características
Las asociaciones bancarias AEB y CECA han expresado «su más enérgico rechazo» a que se les castigue con un impuesto permanente «por el impacto para el sector y para la economía española». A esta queja se ha unido la de la Asociación Española de Operadoras de Productos Petrolíferos (AOP), compuesta por BP, Cepsa, Galp, Gunvor, Repsol y Saras.
Las patronales de la banca afirman que, «si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga».
Apuntan que además supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas.
«Este tipo de gravámenes tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía», afirman. «La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector bancario en España», añaden.
Inciden en que, si este impuesto, concebido como «extraordinario», se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, «dicha justificación no tiene vigencia. Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente. El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales. En concreto, a lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que se ha reflejado en bajadas del euríbor».
El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025.
Por otra parte, estiman que la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones, «merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad».
«Gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía», concluyen.
Creará problemas con la transición energética
AOP advierte de que establecer un nuevo impuesto al sector energético, prolongando el gravamen temporal y extraordinario, afectará negativamente a las inversiones en transición energética e imposibilitará alcanzar los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).
La Asociación alerta de que un nuevo impuesto dificultará la adaptación de los complejos industriales a los retos de la transición energética y frenará el desarrollo de la industria del hidrógeno y los combustibles renovables.
AOP entiende que no hay justificación en las circunstancias actuales para un impuesto adicional al sector, que resultaría discriminatorio y económicamente contraproducente.
Reclama un marco fiscal adecuado y estable para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética. En concreto, las empresas del sector tienen previsto dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país.
